La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio tras el hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, en un caso que ha generado indignación y exigencias de justicia. La joven había acudido a una supuesta oferta de trabajo, lo que marca una línea clave en la investigación sobre las circunstancias de su desaparición y posterior localización. El hecho ha encendido alertas sobre riesgos asociados a este tipo de convocatorias.
De acuerdo con la información oficial, el cuerpo de la víctima fue localizado en el sótano de un edificio ubicado en avenida Revolución, lugar que ya había sido señalado por sus familiares como el último punto donde se tuvo registro de su presencia. La identificación fue realizada por su madre en el sitio, tras lo cual las autoridades trasladaron el cuerpo a instalaciones ministeriales para la necropsia correspondiente, que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte.
La Fiscalía capitalina detalló que desde el momento en que se reportó la desaparición, el 16 de abril, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda, con la participación de la Policía de Investigación y el uso del sistema de videovigilancia del C5. Como parte de estas acciones, se reconstruyeron los últimos movimientos de la joven, incluyendo su traslado en motocicleta de servicio por aplicación hasta el inmueble donde finalmente fue localizada.
En el desarrollo de las indagatorias, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación bajo perspectiva de género, lo que implica analizar no solo los hechos materiales, sino también el contexto en el que ocurrieron. Este enfoque permite ampliar el análisis hacia posibles responsabilidades, omisiones o conductas delictivas vinculadas al caso, con el objetivo de garantizar que no haya impunidad.
Paralelamente, la institución informó que se ha brindado acompañamiento integral a los familiares de la víctima, a través de áreas especializadas de atención, con el fin de garantizar su acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. La presión ejercida por los familiares, quienes realizaron manifestaciones para exigir la revisión del inmueble, fue determinante para acelerar las diligencias en el lugar.
El caso permanece en curso mientras las autoridades continúan con la recolección de pruebas, análisis periciales y revisión de evidencias videográficas, en busca de esclarecer los hechos y dar con los responsables. Este tipo de investigaciones exige un seguimiento puntual y transparente, en un contexto donde la violencia de género representa un desafío estructural que demanda respuestas institucionales firmes y coordinadas.
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