El narcolaboratorio desmantelado en Jopala tenía capacidad para abastecer de drogas sintéticas a Puebla y Veracruz, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, al destacar que el aseguramiento representa uno de los golpes más importantes contra la delincuencia organizada en la entidad. De acuerdo con el funcionario, el valor de las sustancias y materiales incautados, junto con lo asegurado en Chila de la Sal, supera los 2 mil millones de pesos.
Durante su reporte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública explicó que el laboratorio localizado en Jopala operó durante al menos un año y era utilizado para la producción de sustancias sintéticas, entre ellas cristal. Por su tamaño y capacidad de distribución, el sitio fue considerado como uno de los centros clandestinos más relevantes detectados en Puebla en los últimos años.
En el operativo realizado el pasado 14 de junio fueron asegurados 500 kilogramos de una sustancia con características similares al cristal, además de 25 mil 300 litros de precursores químicos, reactores, condensadores, destiladores, tanques de gas LP y una camioneta Ford Super Duty F-350 abandonada en el lugar. Las autoridades estimaron que la producción ilícita vinculada a este centro podía alcanzar un valor cercano a 2 mil 400 millones de pesos.
Sánchez González también señaló que el narcolaboratorio ubicado en Chila de la Sal estaba destinado a la producción de metanfetaminas. Con ello, Puebla suma dos centros clandestinos desmantelados durante 2026, mientras que en 2025 fueron asegurados otros tres en Ixtacamaxtitlán, Puebla capital y Acajete, como parte de la estrategia estatal contra el narcomenudeo y la producción de drogas sintéticas.
Investigan a mandos municipales por presunta omisión
El secretario de Seguridad Pública afirmó que, por la magnitud de estos centros de operación, resulta difícil sostener que autoridades municipales no conocieran lo que ocurría en sus territorios. A partir de las investigaciones, se iniciaron procedimientos contra seis mandos de seguridad pública de municipios de la Mixteca y la Sierra Norte, por su presunta responsabilidad en los hechos.
En la Sierra Norte, los mandos señalados son Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya; y Manuel Martínez González, de Jopala. Además, Andy Castillo Rodríguez, jefe policial de San Felipe Tepatlán, permanece prófugo de la justicia, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales.
A ellos se suman David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, de Tehuitzingo; y José Santiago Benítez, de Chila de la Sal. La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que los mandos ya fueron imputados por los delitos de encubrimiento y omisión, aunque precisó que hasta el momento ninguno ha sido vinculado a proceso debido a la duplicidad del término constitucional solicitada por sus defensas.
La situación jurídica de los imputados deberá resolverse en un plazo no mayor a 48 horas, mientras las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias para determinar si existen más servidores públicos involucrados. Francisco Sánchez adelantó que las investigaciones podrían alcanzar a otros funcionarios, incluidos alcaldes de los municipios donde fueron localizados los laboratorios clandestinos.
El titular de la SSP sostuvo que el combate al narcomenudeo se convirtió en una prioridad para el Gobierno de Puebla, debido a que este delito afecta especialmente a niñas, niños y jóvenes, tanto por el consumo como por la distribución de drogas en comunidades. También advirtió que los grupos delictivos han aprovechado zonas alejadas y con menor presencia policial para expandir sus operaciones.
El caso de Jopala exhibe una dimensión más profunda del problema: no solo se trata de laboratorios clandestinos, sino de posibles redes de protección, omisión o tolerancia desde estructuras municipales de seguridad. Mientras avanza el proceso judicial contra los mandos señalados, el aseguramiento de cinco narcolaboratorios confirma que la producción de drogas sintéticas ya era una amenaza regional que exigía intervención directa del Estado.
Ilustración: Iván Rojas
