El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que México mantiene un operativo antidrones coordinado con Estados Unidos en la frontera norte, aunque hasta ahora no se han reportado resultados del lado mexicano.
La estrategia contempla una franja de cinco kilómetros en la zona de Mesa de Otay y una profundidad de 500 metros en territorio nacional. Para estas tareas participan 800 militares en patrullajes terrestres, apoyados por equipos antidrones semifijos y móviles capaces de inhibir dispositivos a varios kilómetros de distancia.
Trevilla explicó que las llamadas operaciones espejo funcionan desde febrero de 2025 y se desarrollan a lo largo de la frontera, con cada país actuando dentro de su propio territorio. En México participan alrededor de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y entre 3 mil y 3 mil 300 efectivos del Ejército desplegados en entidades fronterizas.
El funcionario señaló que la próxima semana autoridades mexicanas y estadounidenses sostendrán una reunión para intercambiar información sobre los resultados obtenidos y revisar el comportamiento de estos dispositivos.
Drones tienen otro uso en Michoacán y Sinaloa
De acuerdo con Trevilla, en la zona fronteriza no se ha observado un aumento significativo en el uso de drones. Autoridades estadounidenses han reportado que estos aparatos son utilizados principalmente por traficantes de personas para vigilar rutas, identificar patrullajes y facilitar cruces ilegales.
El secretario diferenció este uso del detectado en estados como Michoacán y Sinaloa, donde grupos criminales han empleado drones en enfrentamientos y para lanzar artefactos explosivos.
La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que en la frontera se utilizan principalmente drones comerciales para labores de vigilancia y reconocimiento, no aparatos equipados con armas. También destacó una reducción considerable en los cruces migratorios irregulares.
Según la mandataria, el flujo pasó de cerca de 20 mil personas diarias en diciembre de 2023 a alrededor de 300 o 350 personas atendidas actualmente por autoridades migratorias estadounidenses y posteriormente retornadas a México.
Las autoridades federales mantienen vigilancia tecnológica y patrullajes coordinados para detectar posibles cambios en las operaciones delictivas.
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