El exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue sancionado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por incurrir en violencia política de género contra la exdiputada federal morenista Juanita Guerra Mena. Como consecuencia, será inscrito por un periodo de un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).
La resolución, derivada de una denuncia presentada por Guerra Mena, se relaciona con hechos ocurridos el 2 de mayo de 2023, durante una ceremonia cívico-militar en Cuautla, cuando Blanco Bravo aún se desempeñaba como gobernador. Según la exlegisladora, se le impidió el acceso al palco principal del evento, a pesar de haber sido invitada, y se le excluyó de las reuniones de organización, además de bloquear la instalación de un templete destinado a sus invitados.
El tribunal determinó que tales acciones constituyeron violencia simbólica y psicológica con el objetivo de obstaculizar la visibilidad pública de la entonces diputada, en un contexto político-electoral. En la misma resolución, también fue sancionado Arturo Millán, quien fungía como director de Logística y Eventos del gobierno estatal.
Aunque la decisión no fue unánime —la magistrada en funciones Laura Sámano Ríos votó en contra al considerar que no se acreditaron elementos de género en la exclusión—, la Sala Especializada resolvió por mayoría que los hechos denunciados sí configuraban violencia política en razón de género, atendiendo un mandato previo de la Sala Superior, que ordenó analizar el fondo del caso.
El fallo será notificado a la Mesa Directiva del Congreso de Morelos y a la Oficina de la Gubernatura para que determinen, conforme a sus atribuciones, las acciones correspondientes.
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De quedar firme la sentencia, Blanco Bravo podría quedar impedido para ser postulado a futuros cargos de elección popular, al figurar en el padrón de personas sancionadas. No obstante, tanto él como su excolaborador tienen la posibilidad de impugnar la resolución ante la Sala Superior del TEPJF.
Este caso se suma a las resoluciones recientes del tribunal que buscan fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y sancionar prácticas discriminatorias en el ejercicio del poder público.
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