La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar las cuentas de la Fundación Mary Street Jenkins, ubicada en Puebla, ante indicios de posible fraude fiscal, desvío de recursos y lavado de dinero.
La medida surge tras cuestionamientos sobre una presunta triangulación financiera que involucraría transferencias desde las cuentas de la fundación hacia paraísos fiscales, incluidos Barbados y Panamá. Se trata de operaciones que podrían configurar lavado de dinero y evasión fiscal, las cuales también deberán ser evaluadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Una reportera recordó que la fundación habría acumulado un patrimonio cercano a 14 mil millones de pesos mediante un fideicomiso, originalmente destinado a la beneficencia pública en Puebla. Además, mencionó que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, podría solicitar que se presenten denuncias para intentar recuperar estos recursos.
La investigación de la UIF se suma a la historia de litigios de la fundación, que ha ganado los juicios presentados en su contra y logró la invalidez de órdenes de aprehensión emitidas contra seis miembros de la familia Jenkins durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
Cabe señalar que las cuentas bajo revisión también forman parte de la administración de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución vinculada a la fundación. Esta situación ha tenido repercusiones previas en la universidad, incluyendo el cierre temporal de su campus en San Andrés Cholula y bloqueos estudiantiles, debido a disputas internas por el manejo de los recursos.
El conflicto legal de la Fundación Jenkins se remonta a 2016, cuando Guillermo Jenkins denunció a su propia familia por presunto saqueo de fondos, por un daño patrimonial que superaría los 720 millones de dólares. En junio de 2025, un Tribunal de Toluca invalidó las órdenes de aprehensión contra los miembros de la familia Jenkins, pese a que la investigación se había reactivado en 2020 por la Fiscalía General de la República.
Por su parte, el gobierno de Puebla continúa dando seguimiento a las investigaciones, y su coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que se analiza la posible transferencia de fondos a paraísos fiscales.
Con esta medida, la administración federal y local buscan transparentar los movimientos financieros de la Fundación Jenkins y descartar irregularidades que puedan afectar tanto a la beneficencia pública como a la comunidad universitaria de Puebla.
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