Desde 2023, el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) reportó que más de 196 mil personas fueron obligadas a dejar sus hogares en México debido a inundaciones, incendios, deslaves y sequías extremas que afectaron viviendas, cultivos y servicios básicos.
Las entidades más golpeadas fueron Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Yucatán. Octavio López, director de Nación Verde, advirtió que “la crisis climática no sólo afecta al medio ambiente, sino que profundiza la pobreza, limita el acceso al agua y erosiona los medios de vida rurales”.
La migración, explicó López, ya no es una elección sino una necesidad cuando las condiciones de vida se vuelven insostenibles. El aumento de temperaturas, la irregularidad de las lluvias, las sequías prolongadas y la intensificación de huracanes están transformando silenciosamente los patrones migratorios en el país.
El impacto no se limita al campo. Las ciudades receptoras enfrentan una presión creciente sobre vivienda, transporte y servicios básicos. Muchas familias desplazadas terminan asentándose en zonas irregulares o de alto riesgo, lo que genera una crisis social y ambiental de doble filo.
A pesar de la magnitud del problema, las autoridades mexicanas no reconocen oficialmente la migración climática. Esto deja a miles de personas sin mecanismos legales de protección frente a desplazamientos forzados por causas ambientales. López urgió a que se impulse una política pública que fortalezca la resiliencia ecológica.
En un boletín difundido el 7 de noviembre de 2025, el activista destacó que Nación Verde promueve proyectos de restauración ecológica y regeneración territorial. Entre ellos, la reforestación, la infiltración hídrica y la creación de empleos verdes, con el objetivo de frenar la migración forzada y ofrecer alternativas de desarrollo justo y sostenible.
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