La reciente reforma penal en El Salvador marca un giro radical en el tratamiento jurídico de la niñez. Impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, la medida permite que menores de 12 años sean sentenciados a prisión perpetua, bajo el argumento de combatir el crimen organizado. En los hechos, la legislación equipara a niñas, niños y adolescentes con adultos en materia penal, lo que abre un debate sobre derechos humanos y justicia juvenil.
El alcance jurídico de la reforma
La modificación a la Ley Penal Juvenil y al Código Penal elimina los límites previos de internamiento para menores. A partir de ahora, los tribunales pueden imponer cadena perpetua en delitos catalogados como “terrorismo” o vinculados al crimen organizado.
Además, la ley establece un candado que impide solicitar libertad condicional o revisión de sentencia hasta cumplir 25 años de prisión efectiva, lo que redefine de forma drástica el horizonte de vida de las personas menores de edad condenadas. Esta disposición institucionaliza un modelo punitivo extremo que cancela la posibilidad de reinserción temprana.
Señalamientos sobre pactos y narrativa oficial
Diversas investigaciones periodísticas, entre ellas del medio El Faro, así como expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, han documentado presuntos acuerdos entre el gobierno salvadoreño y estructuras criminales como la MS-13 y Barrio 18.
Según estos reportes, entre 2020 y 2021 funcionarios como Osiris Luna y Carlos Marroquín habrían facilitado negociaciones con líderes pandilleros dentro de cárceles de máxima seguridad. El supuesto pacto incluía reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios, apoyo político y freno a extradiciones.
La ruptura de estos acuerdos en marzo de 2022 derivó en un repunte de violencia que dejó 87 personas asesinadas en un solo fin de semana, detonando el actual Régimen de Excepción. En este contexto, la reforma penal es señalada como una medida que prioriza el castigo sobre la transparencia estatal.
Impacto en derechos de la infancia
Organismos internacionales han advertido que esta legislación contraviene la Organización de las Naciones Unidas, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible.
Bajo el Régimen de Excepción, miles de adolescentes han sido detenidos sin pruebas concluyentes, muchas veces por su contexto social. La nueva reforma profundiza esta tendencia al desconocer el principio del interés superior del niño y eliminar la perspectiva de rehabilitación, transformando la política penal en un mecanismo de exclusión estructural.
También puedes leer: Cargos por agresión contra agente del ICE en Minnesota marcan un hecho sin precedentes.
Fotografía: Moisés Castillo
