Estoy convencido de que la frase “Becarios sí, sicarios no” no es un simple eslogan de campaña. Es una advertencia moral y una bandera política que sintetiza el dilema más doloroso de la nación: la disputa por el alma de sus jóvenes. Mientras el Estado busca incluirlos en programas educativos, de empleo y cultura, el crimen organizado los seduce, los recluta y los destruye. La violencia, la miseria y la cobardía de los grupos criminales encuentran una de sus expresiones más atroces en la utilización de menores de edad como sicarios, halcones o carne de cañón.
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, mostró de nuevo esta tragedia. Su homicida, un joven de 17 años, fue abatido por las fuerzas de seguridad luego de cometer el crimen. Su nombre no se menciona porque la ley lo protege como menor, pero su historia, la de otro muchacho arrancado de su entorno y moldeado por la crueldad, debe contarse. No para justificarlo, sino para entender qué nos está ocurriendo como país.
La pregunta no es únicamente cómo este joven ejecutó al alcalde, sino por qué. ¿Qué lo llevó a participar en una misión suicida? Las respuestas posibles revelan las capas profundas de un fenómeno social que se ha normalizado: la guerra silenciosa por la juventud mexicana.
La primera hipótesis apunta a la seducción de la narco cultura. En muchas regiones, la vida del sicario se vende como una forma de éxito rápido: dinero, autos, poder, mujeres, reconocimiento. Es una narrativa que ha sustituido al ideal del trabajo y del mérito. Series, corridos y redes sociales alimentan la fantasía de que el crimen es un camino de ascenso social. Un joven sin oportunidades, excluido del sistema educativo y del mercado laboral, puede ver en el narco el único modo de escapar de la pobreza o de adquirir una identidad.
La segunda hipótesis habla del reclutamiento forzado, una práctica que ha crecido de manera alarmante. En el rancho Izaguirre, Jalisco, se descubrió un centro de adiestramiento de jóvenes, similar a otros detectados en diversas zonas del país. En ellos, jóvenes son capturados, drogados, adiestrados y obligados a matar. Son campos de deshumanización donde se destruye cualquier noción de empatía o culpa. Si el asesino de Carlos Manzo fue formado en un entorno así, su historia deja de ser un crimen aislado para convertirse en evidencia de un patrón nacional.
La tercera hipótesis tiene que ver con el miedo y la coacción. Muchos jóvenes son obligados a delinquir bajo amenaza de muerte o tortura a sus familias. En un país donde los cuerpos aparecen colgados de puentes y los desplazamientos forzados son pan de cada día, la línea entre víctima y victimario se borra. Una variable de esta hipótesis sería la venganza, sin embargo no hay ningún elemento que apunte en este sentido.
La cuarta hipótesis —la más siniestra— alude al uso de drogas y sustancias psicotrópicas. Los primeros reportes sugieren que el joven estaba bajo el efecto de metanfetaminas y marihuana. Su mente no le pertenecía. Los grupos criminales usan estos métodos para anular la voluntad, reducir el miedo y convertirlos en autómatas. Así, un menor es transformado en arma desechable, incapaz de discernir entre el bien y el mal.
La quinta hipótesis, es la del asesino solitario que por voluntad o problemas psicológicos decide en la soledad cometer un hecho para pasar a la historia.
Los adversarios del gobierno federal, con la crueldad típica de las redes sociales, se apresuraron a decir que este asesinato era la “prueba del fracaso” del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Falso. Si algo ha representado esta política pública es el primer intento serio del Estado mexicano por disputar, cara a cara, el reclutamiento juvenil del crimen organizado.
Antes de 2018, ningún gobierno había invertido en rescatar a los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Se les llamaba “ninis” con desprecio, pero nadie se preguntaba qué había detrás de esa etiqueta: pobreza, abandono, familias fracturadas, escuelas sin recursos, colonias sin espacios de recreación. En ese caldo de cultivo prosperó el crimen organizado.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hoy parte del texto constitucional, no es perfecto. Tiene fugas, omisiones, casos de simulación. Pero ha sido una barrera de contención para cientos de miles de jóvenes que, sin esa beca, ya estarían en las filas del narco. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que en las regiones donde más se ha implementado el programa, los índices de reclutamiento criminal juvenil se han reducido.
Por eso, la consigna “Becarios sí, sicarios no” no es un lema vacío. Es una política de Estado, una trinchera contra la descomposición social. Cada joven becado es una victoria frente a los cárteles; cada joven sin oportunidades, un riesgo de pérdida.
El reclutamiento de menores por parte del crimen no es nuevo. Desde la década de 1990, tras la descomposición del sistema educativo, la caída de los empleos públicos y el auge del neoliberalismo, el país se llenó de jóvenes sin futuro. Los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto desmantelaron programas educativos y laborales, privatizaron sectores estratégicos y abandonaron la inversión en cultura.
Mientras tanto, el narco creció como un Estado paralelo: ofrecía “trabajo”, “seguridad” y “pertenencia”. En las zonas rurales, el capo sustituyó al patrón; en las urbanas, al maestro o al líder comunitario. Hoy, ese poder criminal se expresa en la figura del menor armado: un adolescente con una pistola en la mano, convencido de que su vida vale menos que el arma que porta.
El problema, por tanto, no es sólo policial. Es estructural. No se resolverá con más cárceles ni con penas más duras, sino con política social, educación y cultura. El reto es recuperar para la República los territorios simbólicos y materiales que el crimen ha ocupado.
La investigación sobre el rancho Izaguirre es el espejo de nuestra debilidad institucional. Apenas se descubrió su existencia, el caso se contaminó con la grilla y los intereses políticos. Nadie quiso ir al fondo. Pero si el Estado no estudia y entiende el funcionamiento de estos centros de adiestramiento, jamás podrá erradicarlos.
En países como Colombia, tras el proceso de paz, se implementaron programas de reinserción y justicia restaurativa para menores reclutados por la guerrilla o los paramilitares. En El Salvador, antes de la deriva autoritaria de Bukele, hubo esfuerzos por integrar a pandilleros en programas de formación laboral. México no puede seguir ignorando ese conocimiento acumulado: necesitamos políticas multidisciplinarias que combinen criminología, sociología, economía y antropología.
El sicario de 17 años que mató a Carlos Manzo es el síntoma de una enfermedad más profunda: el abandono juvenil. Su historia no empezó el día del crimen, sino años atrás, cuando nadie le ofreció un horizonte distinto.
Uruapan no es un municipio cualquiera. Es una de las joyas agrícolas de Michoacán, capital del aguacate y de la migración. Pero también es un territorio disputado por cárteles como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y remanentes de La Familia Michoacana. Allí, cada generación de jóvenes ha crecido bajo el ruido de las balas y el miedo como rutina.
El asesinato de Carlos Manzo debe entenderse en ese contexto: no fue un hecho aislado, sino una demostración del poder criminal que aún domina regiones enteras. El presidente municipal, independiente y con liderazgo local, representaba una amenaza para ciertos intereses. Y el sicario, un instrumento más del engranaje.
Sin embargo, lo que más duele no es sólo la muerte del alcalde, sino la del joven que lo mató. Dos víctimas, un mismo sistema fallido.
México no puede seguir acostumbrándose a ver niños armados, adolescentes ejecutados, cuerpos abandonados con mochilas escolares. Cada caso debería escandalizarnos como nación. Pero el morbo de las redes sociales ha sustituido la empatía: los videos del crimen circulan más que los reportes sobre educación o cultura.
La indiferencia social es el combustible del crimen. Cuando un joven es reclutado, torturado o asesinado, y no pasa nada, los criminales ganan una batalla más. Por eso, la lucha contra el reclutamiento infantil no puede quedar en manos exclusivas de la policía: requiere la participación de familias, escuelas, comunidades, iglesias y medios de comunicación.
La respuesta no está en militarizar ni en criminalizar. Está en educar para la vida, en ofrecer alternativas reales. La escuela debe volver a ser un refugio, no un edificio en ruinas; el maestro, un ejemplo, no un sobreviviente del sistema. Los espacios públicos deben llenarse de cultura, deporte y arte, no de miedo.
Cada peso invertido en educación o becas es un cartucho menos en la pistola de un sicario.
México necesita, de manera urgente, una política nacional para Prevenir el Reclutamiento de Menores por el Crimen Organizado. Debe contemplar tres ejes: Prevención social mediante programas educativos, deportivos y culturales en zonas de riesgo. Rehabilitación integral de jóvenes rescatados del crimen, con apoyo psicológico, educativo y laboral. Persecución penal de quienes recluten, entrenen o utilicen menores en actividades delictivas, sin excepción.
Además, urge crear un sistema de inteligencia social, con participación de universidades, gobiernos locales y sociedad civil, que identifique zonas y patrones de reclutamiento.
La frase que alguna vez sonó como consigna electoral hoy se convierte en una verdad nacional: la única manera de derrotar al crimen organizado es arrebatarle a los jóvenes. Ni más policías ni más cárceles resolverán lo que solo la esperanza puede transformar.
El joven que mató a Carlos Manzo murió creyendo que era invencible; en realidad, fue una víctima más de un país que le falló. Por eso, “Becarios sí, sicarios no” debe dejar de ser consigna para convertirse en plan nacional de vida, en compromiso ético de toda una generación.
Porque cada beca entregada, cada taller abierto, cada joven que elige estudiar en lugar de matar, es una bala menos disparada contra México.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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