Después de 180 días de vacatio legis, este 17 de junio entró en vigor la llamada Ley Silla, una reforma puntual, pero profundamente simbólica a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Una modificación que, aunque podría parecer menor en comparación con otras grandes reformas laborales, representa un cambio de paradigma: el reconocimiento del descanso como derecho humano en el ámbito laboral. En un país donde históricamente el agotamiento físico ha sido normalizado como parte de la “cultura del esfuerzo”, esta legislación interpela directamente esa narrativa.
¿Qué implica la Ley Silla? Formalmente, obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo para que los trabajadores puedan tomar pausas durante su jornada laboral. Además, prohíbe de manera explícita que las empresas obliguen a sus empleados a estar de pie durante toda la jornada, una práctica común en sectores como el comercio, los servicios y la manufactura ligera.
Antes de esta reforma, la LFT ya establecía la obligación patronal de proporcionar sillas, pero su interpretación se limitaba a ser una herramienta para realizar ciertas tareas, no como parte del derecho al descanso. Hoy, esa interpretación queda rebasada. Las sillas ya no son solo un objeto utilitario, sino un símbolo de dignidad laboral y un instrumento para prevenir riesgos laborales.
La Ley Silla no llega sola: se suma a otras reformas orientadas a garantizar espacios de bienestar en el entorno laboral. Está la reforma de vacaciones dignas, el reconocimiento del derecho a la desconexión digital y la legislación del teletrabajo. Todas ellas han sido promovidas en los últimos años como parte de una política laboral más empática, inclusiva y centrada en la persona, en sintonía con los tratados internacionales firmados por México y con los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero la gran pregunta es: ¿por qué en pleno 2025 estamos discutiendo que alguien tenga derecho a sentarse durante su jornada laboral? La respuesta nos remite a un largo historial de desprotección a los derechos laborales en México, especialmente en los sexenios neoliberales. Mientras países como Chile legislaron sobre el tema desde 1914, México tardó más de un siglo en hacerlo. Ciento once años de retraso no se explican por ignorancia, sino por negligencia y por una política sistemática de desprecio hacia los trabajadores.
La clase trabajadora en México ha sido históricamente maltratada: primero por un Estado autoritario que usó a los sindicatos como brazos de control político, y después por gobiernos neoliberales que desmantelaron derechos laborales en nombre de la “competitividad”. La precarización fue disfrazada de flexibilidad; la explotación, de eficiencia. Las condiciones laborales de miles de cajeras, guardias de seguridad, promotores y empleados de mostrador —obligados a permanecer de pie durante horas sin derecho a sentarse— son un recordatorio vivo de esa deshumanización cotidiana.
La entrada en vigor de la Ley Silla representa una reivindicación mínima pero necesaria, que va más allá de lo simbólico. Estudios publicados en la revista Gait and Posture advierten que estar de pie durante más de 40 minutos sin pausa genera síntomas clínicamente relevantes en la zona lumbar. Además, hay consenso en la comunidad médica de que la posición vertical prolongada contribuye al desarrollo de várices, tendinitis, lesiones de rodilla, fascitis plantar y lumbalgia. En otras palabras, estar de pie por obligación no solo es inhumano, es un riesgo laboral probado.
El sector patronal ha reaccionado, en algunos casos, con resistencia pasiva. Aunque la Ley Silla no obliga a colocar sillas en el lugar donde se desarrollan las actividades, sí establece que deben existir espacios destinados para el descanso. El cumplimiento efectivo dependerá del nivel de supervisión de las autoridades laborales y de la voluntad de las empresas para incorporar una cultura organizacional más humanista.
No se trata de poner una silla y olvidarse del asunto. Se trata de transformar la manera en que concebimos el trabajo y la productividad. Descansar no es sinónimo de flojera, es una necesidad fisiológica y un derecho. El descanso no está reñido con la eficiencia, al contrario, trabajadores sanos y con condiciones dignas son más productivos, más leales a su empresa y más estables emocional y físicamente.
Ahora bien, el riesgo que enfrenta la Ley Silla no es tanto jurídico como cultural. En un país donde aún se glorifica el exceso de trabajo como virtud, donde descansar es visto como un lujo y no como un derecho, el principal obstáculo es el estigma social. Se requiere una pedagogía laboral que explique por qué esta medida es necesaria y justa, y que combata la narrativa que acusa a esta reforma de “incentivar la flojera”.
Es aquí donde el Estado debe asumir un papel activo. La Secretaría del Trabajo debe difundir con claridad los alcances de la reforma, ofrecer mecanismos de denuncia accesibles y establecer sanciones efectivas para quienes incumplan la ley. No basta con legislar; hay que vigilar, ejecutar y, sobre todo, educar.
Por supuesto, la Ley Silla es apenas un primer paso. La transformación profunda de las relaciones laborales en México pasa por temas más complejos: la democratización sindical, la inspección laboral efectiva, el salario digno, la reducción de la jornada laboral sin afectación al ingreso y el acceso universal a la seguridad social. Pero como todo camino largo, este comienza con pasos firmes y bien dirigidos.
La entrada en vigor de esta reforma también nos interpela a nosotros, como sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que quienes nos atienden en supermercados, farmacias, aeropuertos o tiendas departamentales trabajen sin posibilidad de descanso? ¿Por qué toleramos con indiferencia condiciones que no aceptaríamos para nosotros mismos o nuestras familias?
En el fondo, esta legislación nos recuerda que el derecho al descanso es parte del derecho a la salud, y que garantizarlo es una responsabilidad colectiva. Una silla puede parecer poca cosa, pero en realidad es mucho más: es la reivindicación de la dignidad humana en el trabajo.
Habrá quien desde la comodidad de una oficina climatizada y con horario flexible, se burle de la Ley Silla. Que lo haga. Pero que recuerde que esta ley no fue pensada para ellos, sino para quienes se levantan a las cinco de la mañana, toman dos transportes para llegar a su trabajo, y aún así son obligados a pasar ocho horas de pie, sin tregua y sin descanso. Para ellos —y por ellos— esta ley es un acto de justicia.
En suma, la Ley Silla nos obliga a mirar el trabajo con ojos distintos. A entender que productividad no debe ser sinónimo de sufrimiento. Y que el verdadero progreso no se mide sólo en indicadores económicos, sino en la calidad de vida y dignidad de quienes construyen este país con su esfuerzo diario. La silla no es un privilegio: es un derecho. Y llegó el momento de sentarnos, sí, pero también de avanzar. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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@onelortiz
