Durante el último año, Puebla acumuló mil 252 denuncias contra servidores públicos, tanto estatales como federales, por presunto incumplimiento de obligaciones, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales. Esta cifra colocó al estado en el lugar 14 a nivel nacional en número de expedientes iniciados contra funcionarios.
Aunque la cifra parece elevada, el reporte del Inegi detalla que dichas denuncias representan solo el 2.1% del total nacional, que ascendió a 59 mil 526 en el periodo analizado. Entidades como Estado de México, que concentró casi la mitad de los casos, y Jalisco, que superó los 12 mil expedientes, fueron las que encabezaron la lista.
En el caso de Puebla, el censo señala que mil cuatro denuncias fueron consideradas procedentes, aunque no precisa qué tipo de servidores públicos estuvieron involucrados. Sin embargo, el seguimiento a estos casos mostró una efectividad mínima en la aplicación de castigos.
Solo seis denuncias culminaron en algún tipo de sanción
A pesar del número elevado de expedientes que avanzaron, solo seis derivaron en sanciones. Ninguna de ellas implicó la destitución del cargo, y la mayoría se limitaron a medidas menores.
El documento detalla que tres de las sanciones consistieron en amonestaciones privadas, mientras que dos casos se clasificaron como “sanciones de otro tipo”, sin aclarar su naturaleza.
Únicamente un expediente resultó en inhabilitación para ejercer cargos públicos, una medida que suele aplicarse cuando se acreditan faltas administrativas o conductas graves que vulneran la función pública.
La inhabilitación más relevante: el caso Castro Corro
Entre los casos conocidos públicamente destaca el de María Teresa Castro Corro, ex secretaria de Economía, quien fue inhabilitada por 20 años. Las autoridades determinaron que su actuación estuvo vinculada a la fallida inversión de recursos estatales en la financiera Accendo Banco en 2022. De acuerdo con la información divulgada, la entonces funcionaria fue señalada por su responsabilidad en las decisiones que llevaron a la pérdida de recursos públicos.
Este caso, uno de los pocos que terminó en sanción firme, evidencia la baja proporción de castigos frente al número de denuncias presentadas en Puebla, lo que abre cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control y vigilancia administrativa en el estado.
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