El gobierno de Bolivia anunció este miércoles el fin de los subsidios a los combustibles, una medida que pone en riesgo la economía de los hogares más vulnerables tras décadas de políticas de izquierda que buscaban proteger a la población. Las autoridades argumentan que estas subvenciones drenaron reservas internacionales y fomentaron corrupción, pero analistas advierten que la decisión podría generar más desabastecimiento y encarecimiento del combustible.
El Estado, que centralizaba la importación de gasolina y diésel, ahora permite que el sector privado ingrese al mercado, lo que según críticos podría favorecer la especulación y aumentar los precios para la población.
El presidente Rodrigo Paz aseguró que la eliminación de los subsidios no implica abandono, sino orden y justicia económica. Sin embargo, expertos cuestionan que esta medida beneficie a la economía general, ya que los hogares más pobres serán los más afectados por el aumento de precios. Además, retirar al diésel de la lista de sustancias controladas podría facilitar la concentración del mercado en manos privadas.
Desde 2023, los ciudadanos enfrentan frecuentes desabastecimientos y largas filas de espera en estaciones de servicio, una situación que el gobierno de derecha promete resolver con la medida, aunque el historial de desabastecimiento y la especulación del sector privado generan dudas sobre la efectividad real.
En definitiva, el fin de los subsidios representa un giro neoliberal que prioriza la lógica del mercado sobre la protección social, dejando en evidencia los riesgos de una política que podría aumentar la desigualdad y la presión económica sobre la población más vulnerable.
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