El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para trasladar el cannabis de la Lista I a la Lista III de sustancias controladas, un cambio que reconoce por primera vez a nivel federal su potencial médico pero que deliberadamente evita la despenalización y no detiene los arrestos por su posesión.
Desde la Oficina Oval, Trump calificó la medida como un logro que tendrá un «impacto tremendamente positivo», al facilitar la investigación científica. Sin embargo, la acción no modifica el estatus ilegal del uso recreativo y mantiene intacto el marco de la guerra contra las drogas para su persecución penal.
Beneficios limitados para la industria y la ciencia
La reubicación podría aliviar las onerosas cargas fiscales que afectan a los negocios legales de cannabis en algunos estados y mejorar su acceso a la banca. Además, permite un programa piloto para reembolsar productos con CBD a pacientes de Medicare y ordena al Departamento de Salud desarrollar estudios a largo plazo sobre cannabinoides.
A pesar de esto, altos funcionarios confirmaron que la orden no cambia el protocolo de las agencias policiales, lo que significa que las detenciones por posesión continuarán bajo la ley federal. El cambio aún debe pasar por un proceso burocrático de la Agencia Antidrogas (DEA).
Una reforma a medias frente a la realidad estatal y la opinión pública
La medida es una respuesta a décadas de críticas por clasificar al cannabis al nivel de la heroína. No obstante, se queda muy corta frente a la tendencia legalizadora: 24 estados ya permiten su uso recreativo y el 57% de la población apoya la legalización total, según encuestas.
Paul Armentano, subdirector de Norml, señaló que aunque la orden «valida» la experiencia de millones de pacientes, «aún queda muy lejos de los cambios necesarios para llevar la política federal de marihuana al siglo XXI», subrayando el desfase entre la administración federal y la voluntad popular y estatal.
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