Un juez federal desechó el amparo promovido en favor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el que alegaba una presunta privación ilegal de la libertad, al no haber ratificado la demanda de garantías interpuesta en su nombre.
La resolución fue emitida por Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, quien determinó tener por no presentada la demanda de amparo indirecto 1315/2025-V, debido a que el expriísta no confirmó su intención de continuar con el recurso legal.
De acuerdo con el acuerdo judicial, al ser notificado de la demanda y consultado sobre su ratificación, Duarte Jáquez respondió al actuario que primero debía “confirmar con mis abogados”, lo que derivó en que el juez aplicara el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y desechara el recurso.
“En consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo (…) y queda sin efectos la suspensión de plano decretada en favor de los impetrantes”, señala la resolución publicada este martes en listas del Órgano de Administración Judicial.
César Duarte se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva, luego de que el pasado 13 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informara que fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero.
Las investigaciones federales apuntan a que el exmandatario estatal estaría relacionado con un fraude superior a los 70 millones de pesos, presuntamente cometido mediante la simulación de apoyos económicos a ganaderos. Los reportes señalan transferencias que alcanzarían 96.6 millones de pesos a empresas como la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y la Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales parte de los recursos habrían terminado en cuentas del propio Duarte o de sus familiares.
Con el desechamiento del amparo, el exgobernador pierde la protección judicial provisional que había sido concedida mientras se analizaba su queja, por lo que su situación jurídica continúa sujeta al proceso penal que enfrenta a nivel federal.
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