El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lanzó una severa crítica al gobierno de Estados Unidos por autorizar las pruebas de lanzamiento de cohetes de la empresa SpaceX —propiedad del multimillonario Elon Musk— sin considerar los riesgos que representan para las comunidades mexicanas cercanas a la frontera.
Desde el Congreso de Tamaulipas, Villarreal advirtió que la reciente prueba de la nave Starship, realizada el 6 de junio desde las instalaciones de Boca Chica, Texas, generó una caída de escombros en territorio mexicano, afectando directamente a habitantes de la región. El mandatario estatal subrayó que los efectos del lanzamiento cruzaron la frontera sin previo aviso ni consulta al gobierno de México.
“No se nos avisó. No hubo consulta ni notificación oficial. La empresa SpaceX está poniendo en riesgo a comunidades mexicanas y actuando con total impunidad”, denunció Villarreal.
El gobernador exigió una respuesta del gobierno de Joe Biden, al que señaló por permitir este tipo de maniobras en la frontera sin evaluar su impacto internacional, particularmente en materia de protección civil y soberanía territorial.
Además, Villarreal lamentó que ni la empresa ni autoridades estadounidenses hayan emitido un reporte o comunicado a México tras los daños, y anunció que el gobierno estatal ya está elaborando un informe de impacto ambiental y social, que será entregado a la Cancillería para que se actúe diplomáticamente.
“No estamos en contra del desarrollo tecnológico ni de los avances aeroespaciales, pero sí exigimos respeto a la vida y seguridad de nuestra gente”, recalcó el gobernador.
Esta situación ha encendido las alertas sobre el papel de las megacorporaciones tecnológicas y su relación con los gobiernos, particularmente en lo que respecta a sus privilegios y su capacidad para operar sobre territorios ajenos sin rendir cuentas. En un contexto global donde los intereses privados suelen imponerse al bienestar colectivo, la denuncia de Tamaulipas podría sentar un precedente en la defensa de la soberanía y la protección de las comunidades frente al poder empresarial transnacional.
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