La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó dos reformas constitucionales clave: una para aplazar las elecciones del Poder Judicial a junio de 2028 y otra para establecer la intervención extranjera comprobada como causal de nulidad electoral. Ambas propuestas avanzaron en comisiones y serán discutidas en el pleno de San Lázaro, en medio de un debate donde Morena y sus aliados defendieron la necesidad de ajustar la legislación y cerrar la puerta a injerencias externas en los procesos democráticos.
En el caso de la elección judicial, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar el calendario para evitar que los comicios del Poder Judicial se empalmen con otros procesos electorales. Desde Morena, Carlos Hernández Mirón defendió que las leyes son perfectibles y que corresponde al Congreso corregir elementos operativos para fortalecer la evaluación, legitimidad y organización de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.
La oposición, principalmente PAN y PRI, intentó presentar el ajuste como una admisión de fracaso de la reforma judicial aprobada en 2024. Legisladores panistas insistieron en descalificar el modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros, pese a que la modificación busca ordenar el calendario y evitar distorsiones operativas. En contraste, el PT sostuvo que la reforma judicial abrió una etapa inédita de participación ciudadana y que los cambios actuales buscan perfeccionar ese proceso.
La primera reforma fue avalada con 29 votos a favor y 11 en contra, por lo que avanzó hacia su discusión en el pleno. Para Morena y sus aliados, el aplazamiento no implica cancelar la elección judicial, sino garantizar mejores condiciones institucionales para que el proceso se realice con reglas más claras, menor saturación electoral y mecanismos más precisos de selección y evaluación de perfiles.
En paralelo, la comisión aprobó la propuesta impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para que la intervención comprobada desde el extranjero sea considerada causal de nulidad de una elección. La medida busca blindar los procesos democráticos frente a operaciones, financiamiento o campañas de actores externos que puedan alterar la voluntad popular, en un contexto regional donde la injerencia extranjera se ha convertido en una preocupación cada vez más visible.
Durante el debate, la oposición volvió a acusar ambigüedad jurídica, aunque evitó acompañar de fondo una medida orientada a proteger la soberanía electoral del país. Legisladoras del PAN y PRI cuestionaron los alcances de la reforma, mientras Morena y sus aliados defendieron que México debe contar con herramientas constitucionales para impedir que intereses extranjeros incidan en sus elecciones. La propuesta fue aprobada con 28 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, y continuará su ruta legislativa en el pleno.
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