La relación diplomática entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en años, luego de que ambos países trasladaran sus diferencias políticas y de seguridad a medidas comerciales y energéticas de alto impacto.
El detonante fue la decisión del gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, de imponer aranceles del 30 % a productos colombianos a partir del 1 de febrero, una acción que Bogotá calificó como hostil y respondió con tarifas recíprocas y la suspensión temporal del comercio energético entre ambas naciones.
El trasfondo del conflicto se origina en acusaciones cruzadas sobre la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, una problemática que, según Colombia, tiene un carácter transnacional y no puede ser atribuida a un solo país.
Durante un acto oficial en Leticia, ciudad fronteriza en la Amazonía, el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la postura del gobierno ecuatoriano, recordando que Colombia brindó apoyo energético a Ecuador en momentos críticos. En sus declaraciones, el mandatario dejó entrever que el distanciamiento actual responde más a decisiones políticas coyunturales que a una falta de solidaridad histórica.
En ese contexto, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció la interrupción de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador, explicando que se trata de una medida preventiva para proteger la soberanía energética y el abastecimiento interno, ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño y la creciente presión sobre el sistema eléctrico nacional.
Los análisis técnicos del IDEAM y del Centro Nacional de Despacho advierten que la variabilidad climática podría comprometer la generación eléctrica colombiana, razón por la cual el gobierno optó por priorizar el consumo interno.
La decisión representa un golpe significativo para Ecuador, cuya matriz energética depende en un 85 % de fuentes hidroeléctricas y enfrenta un déficit proyectado de 1.100 megavatios para 2026, de acuerdo con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Especialistas del sector energético advierten que la interrupción del suministro colombiano podría traducirse en nuevos apagones, especialmente en horas de mayor demanda.
Colombia aportaba hasta 450 megavatios, una cifra clave para cubrir los picos de consumo ecuatorianos, que oscilan entre 4.900 y 5.200 megavatios. Desde Bogotá, Petro también respondió a los señalamientos sobre narcotráfico, señalando que la presión ejercida por Colombia ha provocado el desplazamiento de estructuras criminales hacia Ecuador, lo que, a su juicio, evidencia avances en la lucha contra ese fenómeno dentro de su territorio.
Analistas energéticos coinciden en que la crisis eléctrica ecuatoriana es estructural y recurrente, agravada por el deterioro de su parque térmico, con infraestructura obsoleta de más de tres décadas, y por la falta de ejecución de proyectos estratégicos como Santiago y Cardenillo. En 2024, el país enfrentó apagones de hasta 14 horas diarias, lo que obligó a contratar soluciones de emergencia en medio de denuncias de corrupción y pérdidas millonarias.
Como respuesta a la suspensión del suministro eléctrico, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció ajustes en la tarifa de transporte del crudo colombiano a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), apelando al principio de reciprocidad. Esta medida abre un nuevo frente de tensión y extiende el conflicto al sector petrolero, con posibles consecuencias económicas para ambas naciones.
Pese al escenario de confrontación, el presidente colombiano reiteró su llamado a fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, insistiendo en que el combate al narcotráfico requiere coordinación binacional, intercambio de información y uso de tecnología, y no decisiones unilaterales que profundicen las divisiones.
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