Este jueves 5 de febrero, varios políticos de la oposición mexicana estarán presentes en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, una cumbre de la extrema derecha estadounidense que promueve discursos sobre “narcoterrorismo” y justifica intervenciones militares en América Latina. Entre las figuras mexicanas que participarán destacan el diputado Federico Döring (PAN), el senador Mario Zamora Gastélum (PRI), el exgobernador de Tabasco Manuel Andrade Díaz, la activista Rosi Orozco, Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) y Juan Iván Peña Nader, fundador de México Republicano, organización que funge como una especie de sucursal del movimiento MAGA en México.
Organizada en el corazón de la agenda radical pro-Trump, la CPAC dedicará amplios espacios a definir a México y otros países latinoamericanos como “estados narcoterroristas” responsables de inundar Estados Unidos con drogas letales, especialmente opiáceos sintéticos, y reclamará respuestas militarizadas frente al crimen organizado. Este enfoque coincide con la escalada retórica de Trump para justificar operaciones como el reciente operativo en Caracas, que culminó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y decenas de muertos —una acción que ha sido calificada como una violación grave al derecho internacional.
En México, la presencia de estos políticos en un evento de ultraderecha estadounidense pone en evidencia la convergencia de sectores opositores con narrativas intervencionistas. Diversos actores han utilizado el concepto de “narcoterrorismo” no sólo para criticar al gobierno de la Cuarta Transformación, sino también para alimentar una narrativa de colusión del Estado con el crimen organizado, a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido que desmentir listas falsas de políticos con supuestos vínculos criminales difundidas en redes sociales.
El fenómeno no es nuevo: figuras como el líder priista Alejandro Moreno han sido acusadas por el gobierno de pedir la intervención estadounidense en México, calificativo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito como un acto de “vende patrias”.
Esta estrategia política puede afectar la soberanía nacional y alimentar climas de polarización que benefician a grupos ideológicos radicales más que a la seguridad ciudadana. Además, el discurso de intervención es discutido incluso dentro de Estados Unidos, donde propuestas de acciones militares directas en México han sido rechazadas por sectores oficiales como la Casa Blanca en el pasado.
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