La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso firme en defensa de la hacienda pública al confirmar este martes créditos fiscales que suman más de 246 millones de pesos, mismos que deberán ser cubiertos por diversas empresas privadas.
El caso más relevante fue el de Oro Negro, arrendadora de plataformas petroleras, que intentó reducir su carga tributaria al considerar como deducibles ciertas aportaciones de capital. La Corte, mediante un proyecto del ministro Arístides Guerrero García, resolvió que el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es constitucional, pues respeta la capacidad contributiva y evita privilegios fiscales injustificados. “El precepto no genera una diferencia de trato injustificado entre deudores y acreedores”, sostuvo el ponente.
En otro juicio, la empresa Angruplast deberá pagar un crédito fiscal de 49 millones de pesos, derivado de irregularidades en deducciones por un aumento de capital social. A propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el Pleno rechazó la impugnación contra el artículo 121 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al concluir que no vulnera el acceso a la justicia. El caso se originó cuando la compañía emitió 70 millones de acciones, que nunca fueron pagadas en su totalidad, y reportó como pérdida fiscal la diferencia, lo que fue rechazado por la autoridad en Jalisco.
Finalmente, la empresa Enza Zaden México, S.A. de C.V. impugnó un crédito fiscal de 2.8 millones de pesos, cuestionando la validez del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que faculta a la autoridad a requerir información sin visita domiciliaria. El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías concluyó que la norma es constitucional, pues garantiza mecanismos de verificación y otorga plazos para aclarar irregularidades.
Con estas resoluciones, la SCJN reafirma que ninguna empresa está por encima de sus obligaciones fiscales y que los intentos de evasión deben ser frenados en beneficio del erario y la justicia tributaria.
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