Durante 2025, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) otorgó un total de 229 apoyos económicos a su personal educativo, cumpliendo con las obligaciones laborales y contractuales que establece el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con el SITBUAP. Entre estos apoyos se incluyen ayudas a familiares de trabajadores que lamentablemente fallecieron, con el objetivo de brindar respaldo en momentos difíciles.
Según la información de la Tesorería General, la universidad realizó 59 pagos de marcha, dirigidos a los familiares de trabajadores, pensionados o incapacitados tras su fallecimiento. Este tipo de apoyos cubre tanto los gastos funerarios como la indemnización establecida por la normativa interna, y se entrega a las personas que el trabajador haya designado como beneficiarias. En caso de no existir un nombramiento, el pago se asigna a los familiares directos o, en su defecto, a la concubina o concubino, siguiendo lo que dicta la autoridad competente.
El CCT vigente para 2023-2025 especifica que los familiares de trabajadores académicos activos o jubilados tienen derecho a tres mil pesos por gastos funerarios y un pago adicional equivalente a seis meses de salario tabular como compensación por fallecimiento. De esta manera, la universidad garantiza un respaldo económico claro y formal para las familias de su personal.
Más allá de los pagos relacionados con fallecimientos, la BUAP benefició a 99 personas con gratificaciones por jubilación y a 59 más con pagos de liquidación, que abarcan tanto al personal académico como al no académico. Durante el mismo periodo, se realizaron nueve pagos únicos, entre los que se incluyen apoyos económicos a docentes y prestaciones de fin de año, así como cuatro pagos por invalidez derivada de enfermedad general no relacionada con riesgos laborales.
Todos estos apoyos son gestionados por el área laboral y de seguridad de la BUAP, responsable de tramitar los pagos de acuerdo con el CCT y de mantener vigentes los mecanismos de apoyo para el personal y sus familias. Esta labor asegura que los trabajadores y sus seres queridos puedan acceder a las prestaciones que les corresponden y que la universidad cumpla con sus compromisos contractuales.
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