El gobierno de Oaxaca separó del cargo a la directora general del Sistema DIF estatal, Maribel Salinas Velasco, así como a la coordinadora general de Albergues y a la responsable del Centro de Asistencia Social “Casa Pato”, tras la muerte de dos menores de edad migrantes originarios de Haití al interior del inmueble.
El gobernador Salomón Jara Cruz informó la medida la mañana de este martes y expresó condolencias a la familia de las víctimas. Señaló que la decisión busca garantizar imparcialidad mientras se desarrollan las investigaciones y subrayó que el caso debe esclarecerse sin privilegios ni encubrimientos.
De acuerdo con la información oficial, los niños habían sido reportados como extraviados dentro del albergue y posteriormente fueron localizados en una fosa séptica del lugar. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, tanto por posibles omisiones como por fallas estructurales en la operación del centro.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, calificó el hecho como profundamente doloroso y aseguró que el proceso se llevará hasta sus últimas consecuencias. Afirmó que la prioridad es la verdad y la justicia, especialmente tratándose de población infantil migrante, uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia institucional y la precariedad en los sistemas de asistencia social.
La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado informó que se activaron protocolos de búsqueda desde el primer momento y que participaron bomberos y cuerpos de seguridad en la recuperación de los cuerpos. No obstante, reconoció que se revisarán de manera integral las condiciones de infraestructura y operación de todos los centros asistenciales del estado.
De forma paralela, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública inició un procedimiento administrativo para determinar posibles sanciones a funcionarios públicos. El gobierno estatal sostuvo que la separación de los cargos no prejuzga culpabilidad, pero sí busca evitar interferencias en la investigación.
El caso ha generado indignación social por tratarse de menores bajo custodia del Estado, lo que abre nuevamente el debate sobre la capacidad institucional para proteger a la niñez migrante. Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que los albergues gubernamentales deben ser espacios seguros y no zonas de riesgo, y que la tragedia revela fallas estructurales en la atención a personas desplazadas por pobreza, violencia y desastres en la región.
La administración estatal reiteró que privilegiará el interés superior de la niñez y que cualquier omisión será sancionada conforme a la ley. En un contexto de creciente flujo migratorio por el sur del país, el caso pone bajo escrutinio la red de protección social y la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas a quienes dependen totalmente de su cuidado.
