Cada reforma electoral mexicana ha nacido de una crisis.
No de laboratorio, ni de consensos académicos: de conflictos políticos que obligaron al régimen a cambiar para poder continuar.
Desde 1977 hasta hoy, las reglas del juego han sido reescritas una y otra vez. Primero para permitir oposición, luego para evitar fraudes, después para controlar el dinero y finalmente para administrar la competencia. La iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes se inserta en esa misma tradición, pero con una diferencia: no intenta crear nuevas instituciones, sino alterar la lógica política construida durante casi medio siglo.
1977: cuando el régimen decidió abrir sin soltar el poder
En 1976 México tuvo una elección presidencial con un solo candidato. El sistema de partido dominante había llegado a un punto de desgaste crítico: sin oposición visible, la legitimidad del gobierno empezaba a erosionarse.
La reforma política de 1977 permitió la entrada de fuerzas minoritarias al Congreso mediante la representación proporcional. Legalizó partidos antes marginados y abrió la competencia.
No fue una transición democrática: fue una válvula de escape.
El Estado integró a sus críticos para evitar una ruptura mayor.
A partir de entonces, la oposición existía… pero dentro de las reglas del propio sistema.
1990–1996: del fraude a la credibilidad
La elección presidencial de 1988 cambió todo. La llamada “caída del sistema” provocó la mayor crisis de legitimidad electoral del siglo XX mexicano. El problema ya no era la falta de pluralidad, sino la confianza en los resultados.
El gobierno respondió creando el Instituto Federal Electoral en 1990 y ciudadanizándolo en 1996.
Por primera vez el conteo dejaba de estar en manos del poder político.
La meta dejó de ser integrar a la oposición y pasó a ser convencer a la ciudadanía de que el voto contaba.
Ese rediseño permitió la alternancia del año 2000. El régimen aceptó la posibilidad real de perder elecciones sin colapsar.
2007–2014: la democracia técnica y costosa
Con la alternancia llegó otro problema: campañas dominadas por dinero y medios de comunicación.
La reforma de 2007 retiró a partidos y empresas la compra directa de propaganda en radio y televisión. El Estado administró los tiempos oficiales para evitar que el poder económico definiera elecciones.
En 2014 nació el Instituto Nacional Electoral, que centralizó los comicios federales y locales y profesionalizó la fiscalización.
México construyó entonces uno de los sistemas electorales más complejos del mundo: autónomo, especializado… y extremadamente caro.
Durante años el costo se justificó por la historia de fraudes. Pero la discusión pública cambió: la democracia dejó de cuestionarse por manipulación electoral y comenzó a cuestionarse por su distancia con la ciudadanía.
El nuevo debate: la política sin electores
Las reformas anteriores resolvieron problemas reales, pero también crearon otro fenómeno: la profesionalización de las dirigencias partidistas.
Las listas plurinominales garantizaron pluralismo, pero también permitieron carreras políticas sin campaña.
El financiamiento público evitó la captura empresarial, pero consolidó burocracias permanentes.
La autonomía electoral dio certeza, pero generó instituciones percibidas como lejanas.
El sistema dejó de ser autoritario, pero también dejó de ser cercano.
La democracia se volvió administrada.
La propuesta de Sheinbaum: regresar al territorio
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará su reforma electoral sin cambios, pese a resistencias incluso entre aliados. El objetivo central es eliminar lo que llamó “listas de cúpulas” y reducir el gasto electoral.
La iniciativa mantiene los 500 diputados (300 distritales y 200 proporcionales), pero busca que todas las candidaturas deban obtener respaldo ciudadano directo. En el Senado desaparecería la representación proporcional para reforzar su carácter federal.
Además propone:
- reducir el financiamiento electoral
- disminuir costos del INE y organismos locales
- ampliar mecanismos de democracia participativa
- eliminar reelección y nepotismo
La mandataria sostiene que los ahorros —entre 12 y 13 mil millones de pesos— irían a salud y educación, y afirma que no se elimina la autonomía electoral sino sus gastos excesivos.
El punto político de fondo es otro: modificar la relación entre partidos y sociedad.
Por primera vez desde 1977, la reforma no busca abrir el sistema ni blindarlo, sino obligar a que la representación vuelva a depender del voto territorial.
Cada reforma electoral mexicana respondió a la crisis de su época.
La actual responde a una distinta: no la falta de competencia, sino la distancia entre la política y la gente.
Por eso el debate no gira ya en torno a cómo contar los votos, sino a quién representan realmente.
