Cada cierto tiempo, desde Washington se anuncia una nueva cruzada continental contra el narcotráfico. Cambian los nombres de las operaciones, los presidentes que las encabezan y los gobiernos latinoamericanos que se suman a la fotografía oficial, pero el guion permanece casi intacto: Estados Unidos define el problema, señala culpables fuera de su territorio y convoca a una coalición regional bajo su mando para combatir un fenómeno que, paradójicamente, se alimenta del consumo masivo dentro de sus propias fronteras.
La más reciente versión de este libreto fue presentada por el presidente estadounidense Donald Trump con el nombre grandilocuente de “Escudo de las Américas”, una iniciativa que, según el republicano, pretende derrotar al crimen organizado y al narcotráfico en el continente. El escenario elegido para anunciar esta cruzada fue su campo de golf en Doral, Miami, donde recibió a un grupo seleccionado de mandatarios latinoamericanos y caribeños.
Entre los asistentes estuvieron el presidente de Argentina, Javier Milei; Rodrigo Paz, de Bolivia; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
No se trató de una cumbre multilateral en la que los países dialogaran en condiciones de igualdad sobre un problema compartido. Fue una reunión de afinidades ideológicas en torno a la figura del magnate neoyorquino. Los asistentes no llegaron a debatir estrategias comunes ni a plantear matices frente a la agenda estadounidense, sino a respaldar un discurso previamente diseñado en Washington.
El propio Trump lo dejó claro desde el inicio. Frente a una decena de mandatarios hispanohablantes, el republicano declaró sin rodeos que no tenía intención de aprender su idioma: “no voy a aprender su maldito idioma”. La frase, más allá de su tono provocador, resume la lógica que ha guiado históricamente la política exterior estadounidense hacia América Latina: una relación vertical en la que la potencia del norte dicta los términos y el resto escucha.
Durante la presentación del llamado Escudo de las Américas, Trump aseguró que existe un “consenso” sobre la única vía posible para derrotar al crimen organizado: desatar el poder de las fuerzas armadas. Según su planteamiento, Estados Unidos desplegará “el poder supremo” de su aparato militar, el cual —dijo— gracias a su liderazgo ha vuelto a convertir a la Unión Americana en la mayor potencia militar del planeta.
La afirmación es, cuando menos, una exageración retórica. Estados Unidos nunca ha dejado de ser la mayor potencia militar del mundo, ni el trumpismo ha producido un incremento sustancial en sus capacidades bélicas. Lo que sí ha cambiado es la disposición política para utilizar la fuerza de manera unilateral y sin los equilibrios diplomáticos que en otras épocas moderaban el intervencionismo estadounidense.
El elemento más preocupante del discurso de Trump no fue la retórica militarista, sino la reiteración de una narrativa que ha acompañado a la política antidrogas de Washington durante décadas: la idea de que el epicentro del narcotráfico se encuentra en México.
Desde esa perspectiva, el problema no radica en el gigantesco mercado de consumo estadounidense ni en el sistema financiero que permite el lavado de dinero, sino en los países productores o de tránsito. México, en particular, vuelve a ser señalado como el origen de todos los males, ignorando deliberadamente que el flujo de drogas hacia el norte es inseparable del flujo de armas, dinero y demanda que proviene del otro lado de la frontera.
El encuentro de Doral dejó además una imagen paradójica. Muchos de los mandatarios que acudieron a respaldar el Escudo de las Américas construyen sus discursos políticos en torno a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, varios de ellos arrastran acusaciones o escándalos que cuestionan su autoridad moral para encabezar esa cruzada.
El argentino Javier Milei ha sido señalado por promover proyectos de criptomonedas que terminaron en estafas multimillonarias y por incluir en las listas legislativas de su partido a José Luis Espert, pese a que ya era de dominio público que había recibido dinero del narcotraficante Fred Machado. Rodrigo Paz, de Bolivia, ha sido imputado por corrupción y malversación de recursos durante su gestión como alcalde de Tarija.
El costarricense Rodrigo Chaves acumula decenas de investigaciones por corrupción, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas, además de haber sido sancionado por el Banco Mundial por un patrón de acoso sexual contra subalternas. Daniel Noboa, en Ecuador, ha tenido que explicar repetidamente los cargamentos de cocaína hallados en barcos de la empresa naviera de su familia.
Nasry Asfura, de Honduras, enfrenta acusaciones por lavado de dinero y fraude desde su época como alcalde de Tegucigalpa. Y la lista podría continuar con otros dirigentes presentes en Doral.
La ironía alcanza su punto máximo cuando se recuerda que el anfitrión de la reunión es el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito grave en la historia de ese país. En ese contexto, el Escudo de las Américas se parece menos a una alianza contra el crimen y más a una coalición política de gobiernos alineados con la agenda geopolítica de Washington.
Por eso resulta difícil no ver en esta iniciativa una reedición contemporánea de la vieja Doctrina Monroe, aquel principio formulado en el siglo XIX que establecía que América debía ser considerada una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos.
Bajo ese paradigma, la lucha contra el narcotráfico se convierte en un argumento funcional para expandir la presencia militar, de inteligencia y de seguridad estadounidense en el hemisferio. Lo que se presenta como cooperación internacional termina operando, muchas veces, como un mecanismo de subordinación política.
En México, la memoria histórica ofrece un ejemplo claro de los riesgos que implica esa lógica. La crisis de violencia que el país ha vivido durante las últimas dos décadas no puede entenderse sin la decisión tomada en el sexenio de Felipe Calderón de militarizar la seguridad pública y abrir las puertas a una colaboración sin precedentes con agencias estadounidenses.
Aquella estrategia, presentada como una guerra frontal contra los cárteles, dejó más de 300 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos. La violencia de Estado se convirtió en un indicador de éxito y la seguridad nacional terminó subordinada a los intereses de la política antidrogas de Washington.
Es en ese contexto donde adquiere relevancia la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien frente a las declaraciones de Trump optó por un tono prudente al afirmar que México debe actuar “con cabeza fría”.
La frase no es menor. Implica reconocer que la relación con Estados Unidos exige una dosis permanente de realismo político. México comparte con su vecino del norte una frontera de más de tres mil kilómetros, un intercambio comercial gigantesco y una interdependencia económica profunda. Romper puentes o caer en provocaciones retóricas sería un error estratégico.
Pero actuar con cabeza fría no significa aceptar pasivamente los diagnósticos simplistas de Washington. La seguridad en el continente no puede construirse sobre la base de culpabilizar a un solo país mientras se ignoran las raíces estructurales del problema.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional que involucra producción, transporte, distribución, consumo y lavado de dinero. Estados Unidos representa el mayor mercado de drogas del mundo y, al mismo tiempo, la principal fuente de armas que alimentan la violencia de los cárteles en México.
Sin abordar esos factores, cualquier “escudo” será apenas una metáfora vacía. La historia reciente demuestra que la militarización del combate a las drogas no resuelve el problema. Lo desplaza, lo fragmenta y, en ocasiones, lo intensifica. Los cárteles se reorganizan, surgen nuevas facciones y la violencia se multiplica.
Por eso la verdadera discusión debería girar en torno a políticas de salud pública, regulación de sustancias, cooperación financiera para combatir el lavado de dinero y desarrollo económico en las regiones más vulnerables. Sin embargo, esas alternativas rara vez aparecen en los discursos de la Casa Blanca.
En su lugar, se insiste en la lógica de la guerra. Una guerra que, como todas, necesita enemigos claros y territorios donde desplegarse. México ha ocupado ese papel en múltiples ocasiones.
El Escudo de las Américas parece seguir esa misma ruta. De ahí que la respuesta mexicana no pueda limitarse a la diplomacia reactiva. México necesita construir una narrativa propia sobre la seguridad hemisférica, una narrativa que reconozca la complejidad del fenómeno y que rechace los esquemas de subordinación.
En última instancia, la pregunta que debería hacerse América Latina no es cómo participar en la próxima cruzada antidrogas diseñada en Washington, sino cómo construir una estrategia regional autónoma que enfrente al crimen organizado sin sacrificar la soberanía ni repetir los errores del pasado.
Si algo ha demostrado la historia es que cada vez que el continente se suma sin reservas a las guerras ajenas, termina pagando un costo humano demasiado alto. Y México, por su propia experiencia, lo sabe mejor que nadie.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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