La localización de once osamentas humanas en cuatro fosas clandestinas del Valle del Yaqui, en el municipio de Cajeme, ha reactivado la polémica en torno a la estrategia estatal de seguridad y la eficacia de los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora.
El hallazgo, realizado por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme durante una jornada de rastreo ciudadano, motivó la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Según el reporte oficial emitido el viernes, los restos encontrados presentan una antigüedad de entre dos y tres años, y los análisis forenses se enfocarán en establecer la identidad, sexo y características físicas de las víctimas.
La intervención tuvo lugar en un predio ubicado en la Calle 400, entre Kino y Calle 2, con acompañamiento de autoridades estatales. En al menos tres casos se encontraron prendas femeninas, lo que apunta a posibles víctimas mujeres, mientras que una osamenta fue atribuida a una persona del sexo masculino. Varios restos aún no han podido ser identificados.
A pesar de que la zona fue asegurada para preservar evidencia, integrantes del colectivo han señalado que continuarán las labores de búsqueda, acompañados por elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y fuerzas de seguridad.
Reacciones políticas y presión social
El hallazgo ha intensificado la presión sobre el gobierno estatal, especialmente en Cajeme, uno de los municipios con mayor índice de violencia en Sonora. Colectivos y organizaciones civiles han reiterado sus cuestionamientos ante lo que consideran una falta de resultados concretos en materia de prevención, búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
La diputada Gabriela Zepeda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, criticó en redes sociales el papel del gobierno estatal:
“No se trata solo de encontrar restos, sino de evitar que más familias sigan siendo víctimas del silencio institucional”.
Legisladores de oposición han exigido mayor transparencia en las investigaciones y un fortalecimiento urgente de los mecanismos de seguridad pública.
Este nuevo hallazgo forma parte de una crisis estructural que afecta no solo a Sonora, sino a diversas regiones del país. Colectivos ciudadanos han tenido que asumir tareas que corresponden al Estado, supliendo con sus propios medios las deficiencias en búsqueda e identificación de víctimas.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Sonora se mantiene entre los diez estados con mayor número de casos activos. Las organizaciones civiles advierten que, sin una política integral que desmantele las redes delictivas responsables, las fosas clandestinas seguirán apareciendo.
Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas. Las autoridades han prometido celeridad en los procesos forenses y mayor coordinación con colectivos, pero los activistas insisten en que los resultados suelen ser lentos y poco concluyentes. Sentenció una integrante del colectivo Guerreras Buscadoras:
“Las fosas no son solo evidencia de un crimen, son la expresión de un Estado ausente”.
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