Más de 25 organizaciones indígenas y campesinas de distintas regiones del país denunciaron violaciones permanentes a derechos humanos, actos de represión y abandono institucional contra comunidades originarias, durante un encuentro nacional realizado como parte del proceso de articulación denominado Unidad Patriótica. Los participantes señalaron que los pueblos indígenas continúan enfrentando despojo territorial, criminalización y falta de acceso a servicios básicos, pese a los compromisos gubernamentales relacionados con la protección de sus derechos.
Representantes de colectivos provenientes de al menos 10 estados coincidieron en que las problemáticas persisten en diversas regiones del país, particularmente en comunidades afectadas por conflictos agrarios, proyectos extractivos y disputas por recursos naturales. Durante el encuentro, las organizaciones comenzaron a construir una agenda común y un programa nacional de lucha para visibilizar las demandas de pueblos originarios y sectores campesinos.
Uno de los casos expuestos durante la reunión fue el de Oaxaca, donde integrantes del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) denunciaron asesinatos, desapariciones y presuntos actos de represión cometidos contra activistas y comunidades indígenas. Ernesto López, representante de la organización, acusó que fuerzas de seguridad estatales habrían utilizado operativos con equipo antimotines y tanquetas para desalojar protestas sociales en las que participaban mujeres, niños y pobladores de comunidades rurales.
Los participantes también señalaron que, pese a los discursos oficiales sobre atención a pueblos originarios, persisten carencias relacionadas con infraestructura, vivienda, servicios médicos y acceso a educación en comunidades indígenas, especialmente en estados del sur del país. Además, denunciaron que continúan registrándose operativos policiacos y actos de intimidación contra organizaciones sociales que mantienen movilizaciones o protestas relacionadas con defensa territorial y derechos comunitarios.
Durante el encuentro se recordó el caso de Gerardo González, dirigente regional del Codep, quien presuntamente fue detenido y torturado tras un operativo realizado en septiembre de 2024 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Asimismo, organizaciones denunciaron el asesinato de Gerardo Cruz, integrante de la misma comunidad, crimen que hasta ahora permanece sin personas detenidas ni avances judiciales reportados públicamente.
Finalmente, representantes indígenas y campesinos consideraron que la protesta social continúa siendo reprimida en distintas regiones del país, incluso bajo administraciones identificadas como progresistas. Los asistentes sostuvieron que, aunque algunos gobiernos retomaron demandas históricas de pueblos originarios, todavía existen pendientes relacionados con el reconocimiento pleno de derechos, autonomía comunitaria y protección frente al avance de proyectos económicos en territorios indígenas.
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