En los últimos días el debate político nacional se ha concentrado en la discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa original fue rechazada, pero en el Congreso se prepara la aprobación de un llamado “plan B” que incluye diversas medidas: la eliminación de privilegios para diputados locales, la reducción del presupuesto del Senado de la República, la disminución del número de regidores en los ayuntamientos, así como modificaciones a la revocación de mandato y la posibilidad de incorporar temas electorales a las consultas populares.
Todas estas medidas pueden tener un valor simbólico y político. La austeridad republicana, la racionalización del gasto público y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana son, en principio, objetivos loables. Sin embargo, conviene formular una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿son realmente estos los cambios estructurales que necesita la democracia mexicana?
La respuesta, aunque políticamente incómoda, es evidente. El problema central no radica en el número de regidores, en el presupuesto del Senado o en las prerrogativas de los diputados locales. El verdadero talón de Aquiles de la democracia mexicana es otro: el altísimo costo de la política y, particularmente, el costo de las campañas electorales.
Durante el largo periodo del régimen priísta existía una frase que retrataba con crudeza la lógica del sistema político: “en política todo lo que cuesta dinero es barato”. Más allá del cinismo implícito, esa afirmación reflejaba una realidad estructural. El dinero era importante, sí, pero no era el factor decisivo para acceder al poder. Lo verdaderamente relevante era la carrera política dentro del partido dominante.
En aquel sistema, el ascenso político tenía una lógica escalonada. Los cuadros hacían méritos dentro del partido, en los sectores corporativos o en la burocracia gubernamental. Se avanzaba gradualmente en el escalafón: regidor, diputado local, presidente municipal, senador, gobernador, secretario de Estado y, para unos cuantos, la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República.
La transición democrática modificó radicalmente esas reglas del juego. La competencia electoral real abrió el sistema político, pero también introdujo nuevas dinámicas de financiamiento y disputa por el poder. Los partidos de oposición desarrollaron sus propios mecanismos de selección de candidatos. En el caso del PAN, mediante elecciones internas; en la izquierda, a través de diversos procesos de consulta partidaria.
Pero fue a partir del año 2000 cuando el costo de la política comenzó a dispararse de manera acelerada. La victoria presidencial de Vicente Fox estuvo acompañada por la operación de una red de financiamiento conocida como “Amigos de Fox”, un mecanismo paralelo que puso en evidencia las debilidades del sistema de control electoral.
Posteriormente, las campañas electorales comenzaron a depender cada vez más de la publicidad mediática. La televisión se convirtió en el principal campo de batalla de la disputa política. Los spots, las campañas de imagen, las encuestas, los consultores y los estrategas transformaron las elecciones en auténticas guerras de propaganda.
Con la expansión de internet y las redes sociales, lejos de reducirse, los costos se multiplicaron. Hoy las campañas incluyen ejércitos de community managers, estrategias digitales, segmentación de audiencias, producción audiovisual constante y, más recientemente, el uso de inteligencia artificial para generar contenidos políticos.
La pregunta inevitable es entonces: ¿por qué las campañas electorales son tan caras en México?
Las razones son múltiples, pero al menos tres factores explican el fenómeno.
El primero es la mediocridad y falta de liderazgo de una gran parte de la clase política. Muchos candidatos carecen de liderazgo social, carisma o arraigo comunitario. No poseen una base social sólida ni una trayectoria pública que los respalde. Ante esa carencia, recurren a la propaganda masiva para suplir lo que no tienen en capital político. Primero para ganar dentro de su partido y después para ganar la elección constitucional.
La política se vuelve entonces una cuestión de marketing. En lugar de liderazgo, se compra visibilidad. En lugar de legitimidad social, se adquiere presencia mediática.
El segundo factor tiene que ver con el modelo de financiamiento de los partidos políticos. En México se adoptó un sistema mixto: la mayor parte del financiamiento es público, mientras que una fracción menor proviene de aportaciones privadas.
En teoría, este modelo buscaba reducir la influencia del dinero ilícito en la política. Al financiar a los partidos con recursos públicos se pretendía evitar que empresarios, intereses económicos o grupos criminales capturaran el sistema político.
Sobre el papel el diseño parece razonable. En la práctica, sin embargo, el sistema ha generado múltiples distorsiones.
La incapacidad para fiscalizar adecuadamente las aportaciones privadas ha creado amplias zonas grises particularmente en los meses previos a la elección formal de candidatos. Muchas contribuciones se realizan en especie, a través de intermediarios o mediante estructuras paralelas que no aparecen en los informes oficiales.
El resultado es perverso: las campañas terminan costando mucho más de lo que legalmente pueden gastar.
El tercer factor es el modelo de competencia política permanente. En México prácticamente no existe pausa entre un proceso electoral y otro. El político que gana una elección inicia de inmediato la preparación de la siguiente.
Un diputado piensa en la alcaldía. Un alcalde piensa en el Senado. Un senador piensa en la gubernatura. Y así sucesivamente.
Esta lógica produce un fenómeno devastador: la política se convierte en una campaña permanente. Los funcionarios electos dedican una parte considerable de su tiempo, energía y recursos a construir la siguiente candidatura.
La pregunta inevitable es entonces: ¿cuánto cuesta realmente una campaña electoral?
Las cifras oficiales que establece el Instituto Nacional Electoral son apenas una parte de la historia. Los topes de gasto sólo consideran los periodos formales de precampaña y campaña. Pero la realidad política es mucho más compleja.
Fuera de esos periodos existen numerosos gastos que tienen un propósito claramente electoral: espectaculares disfrazados de promoción personal, reportajes pagados en medios de comunicación, revistas que colocan a políticos en sus portadas, eventos masivos financiados por organizaciones afines o programas de “gestión social” que funcionan como promoción política.
A ello se suman los gastos operativos de cualquier campaña: encuestas, brigadas territoriales, logística, transporte, propaganda, producción audiovisual, estrategias digitales, pautas en redes sociales y consultoría política.
Estos gastos no se reportan formalmente a la autoridad electoral, porque formalmente no existe periodo electoral. En consecuencia, el costo real de una campaña puede multiplicar por diez o incluso por veinte los topes oficiales establecidos por la ley.
La pregunta clave es entonces inevitable: ¿de dónde sale ese dinero? La respuesta suele dividirse en tres fuentes principales.
La primera son los recursos personales de los candidatos, particularmente en el caso de empresarios o políticos con patrimonios importantes.
La segunda proviene de grupos económicos que buscan influir en las decisiones públicas. Empresarios, contratistas, desarrolladores inmobiliarios o consorcios industriales pueden financiar campañas con la expectativa de obtener posteriormente beneficios regulatorios, contratos públicos o decisiones favorables.
La tercera fuente —la más peligrosa— es el dinero de procedencia ilícita. Diversos informes de seguridad han advertido sobre la creciente participación del crimen organizado en los procesos electorales locales.
No se trata de afirmar que todos los candidatos o todos los partidos estén financiados por el crimen organizado. Pero sí es evidente que cuando el dinero se convierte en el principal factor para ganar elecciones, la presión por conseguir financiamiento se vuelve permanente.
Y en ese contexto, el crimen organizado posee una ventaja estructural: dispone de enormes cantidades de dinero en efectivo que pueden movilizarse rápidamente.
El ingreso de dinero ilícito en la política no es solamente un problema electoral. Es un asunto de seguridad nacional. Cuando los grupos criminales financian campañas no buscan únicamente influir en una elección; buscan capturar instituciones públicas.
El control de ayuntamientos, policías locales o gobiernos estatales puede convertirse en un instrumento fundamental para sus operaciones.
Por esta razón, el combate al financiamiento ilícito de la política debería ser una prioridad estratégica del Estado mexicano.
La discusión no debe abordarse desde la lógica de la polarización partidista, sino desde una perspectiva institucional y de seguridad nacional.
Reformar el sistema de financiamiento político, fortalecer los mecanismos de fiscalización y reducir estructuralmente el costo de las campañas es una tarea urgente.
De lo contrario, la democracia mexicana continuará arrastrando un problema estructural que amenaza su legitimidad y su estabilidad.
Porque mientras el dinero siga siendo el factor decisivo de la política, las elecciones seguirán siendo vulnerables.
Y cuando las elecciones se vuelven vulnerables al dinero —legal o ilegal—, la democracia comienza a perder su esencia.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
