La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma a la Ley Minera que establece que el litio es propiedad exclusiva del Estado mexicano, consolidando su carácter como recurso estratégico nacional. Con esta decisión, el máximo tribunal avaló que no se otorguen concesiones a particulares para su exploración y explotación, reforzando el control estatal sobre un mineral clave en la transición energética global.
El fallo se dio tras analizar una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición, quienes cuestionaban la legalidad de la reforma aprobada en 2022. Sin embargo, la Corte concluyó que los argumentos carecían de sustento jurídico, especialmente después de la reforma constitucional de 2024 que incorporó al litio como área estratégica, reafirmando así la rectoría del Estado sobre este recurso.
En otro punto relevante, los ministros determinaron que no era obligatorio realizar una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, pese a los posibles impactos en sus territorios. La Corte argumentó que la norma solo define principios generales, por lo que la consulta será necesaria hasta que existan proyectos específicos que afecten directamente a las comunidades.
La resolución también establece que el litio será explotado mediante un organismo público descentralizado, encargado de administrar toda la cadena de valor del mineral. Asimismo, las zonas con yacimientos serán consideradas reservas estratégicas bajo control estatal, lo que refuerza la política de soberanía sobre recursos naturales impulsada en los últimos años.
El litio es un elemento fundamental para industrias como baterías, tecnología y energías limpias, lo que ha incrementado su valor económico a nivel mundial. Aunque en México aún no hay explotación activa, existen proyectos de exploración que podrían posicionar al país en el mercado internacional.
Con esta decisión, la Corte no solo valida la reforma minera, sino que también establece un precedente de alcance general, fortaleciendo el control estatal sobre recursos estratégicos. No obstante, el fallo abre el debate sobre sus implicaciones económicas, sociales y ambientales en el futuro.
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