El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este 26 de marzo que solo las “mujeres biológicas” podrán participar en las disciplinas olímpicas femeninas, en un intento de proteger la categoría femenina y garantizar la igualdad de acceso al deporte de élite.
Según el COI, “la equidad y la seguridad en la categoría femenina requieren reglas de elegibilidad claras y basadas en la ciencia, y que proteger a la categoría femenina es una prioridad común”. La nueva política se desarrolló con un “enfoque centrado en el atleta que prioriza su dignidad humana, su salud física y psicológica, su bienestar y su seguridad”, destacando el compromiso del organismo con la integridad del deporte.
Las deportistas que deseen competir en pruebas femeninas deberán someterse a una prueba de elegibilidad genética, mediante la detección del gen SRY, que “constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado el desarrollo sexual masculino”. Según el COI, “El sexo masculino proporciona una ventaja de rendimiento en todos los deportes y eventos que dependen de la fuerza, la potencia y la resistencia. Para garantizar la equidad y proteger la seguridad, especialmente en los deportes de contacto, la elegibilidad debe basarse en el sexo biológico”.
Sobre los hombres trans, sí pueden competir en categorías masculinas, aunque podrían enfrentar restricciones si reciben tratamientos hormonales como testosterona, debido a que esta sustancia está regulada en el deporte. El COI destacó que la medida busca garantizar condiciones justas de competencia, especialmente en disciplinas donde las diferencias físicas impactan directamente el rendimiento.
El anuncio representa un retroceso histórico para la comunidad LGBTTTIQA+, que desde hace más de una década ha impulsado cambios para una participación más inclusiva. El COI recuerda que en 2015 permitió competir a mujeres trans sin cirugía, siempre que cumplieran ciertos niveles hormonales, pero en años recientes las federaciones deportivas internacionales comenzaron a endurecer las reglas por preocupaciones sobre ventajas competitivas, generando un debate regulatorio y social entre inclusión y equidad.
La nueva política entrará en vigor de forma progresiva a partir de 2026 y se aplicará plenamente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque en la práctica muchas decisiones seguirán dependiendo de cada federación internacional. El debate central permanece: cómo asegurar la inclusión sin comprometer la equidad competitiva, un desafío que aún no tiene consenso global.
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