En la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un diagnóstico actualizado sobre la crisis de desapariciones en el país, acompañado de un balance de acciones emprendidas desde el inicio de su administración y tras las reformas legales en la materia.
Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el informe no solo expone cifras, sino también inconsistencias históricas en los registros, así como avances en la localización de personas mediante nuevas metodologías de análisis de datos y verificación institucional.
El reporte, elaborado con participación de dependencias federales, detalla que actualmente existen más de 132 mil personas desaparecidas o no localizadas, aunque también revela que miles de casos presentan irregularidades que dificultan su búsqueda.
Durante la presentación, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, explicó que el fenómeno de la desaparición en México responde a dos etapas: la llamada Guerra Sucia del siglo XX y el periodo posterior a 2006, marcado por la estrategia de combate al crimen organizado impulsada por Felipe Calderón Hinojosa.
En tanto, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que entre 1952 y 2026 se han acumulado más de 394 mil reportes de desaparición, de los cuales alrededor del 34 por ciento siguen vigentes.
Uno de los hallazgos más relevantes del nuevo censo es la detección de actividad oficial posterior a la fecha de desaparición en más de 40 mil casos. Esto incluye trámites como registros ante el INE, matrimonios o incluso vacunación, lo que permitió ubicar a más de 5 mil personas con vida que aún figuraban como desaparecidas.
El informe también reconoce deficiencias graves en los registros históricos. Más de un tercio de los casos carece de información básica para su búsqueda, como nombre, fecha o lugar de desaparición.
Las autoridades admitieron que durante años se integraron expedientes con datos incompletos o imprecisos, incluyendo registros con apodos, descripciones genéricas o incluso nombres ficticios, lo que complica las labores de localización.
Sheinbaum destacó que el informe fue previamente compartido con colectivos de familiares, en un intento por transparentar la información y fortalecer la confianza en las instituciones.
Además, subrayó la colaboración con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, que mantiene reuniones periódicas con familiares, así como el acompañamiento técnico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La presidenta adelantó que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa será abordado en un reporte específico, debido a su complejidad y a los trabajos particulares que se mantienen con las familias.
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