La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que la Unidad de Inteligencia Financiera continúe investigando al empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que se perfila desechar el amparo con el que buscaba frenar el acceso a su información financiera. El proyecto en discusión plantea que no existe afectación real en la solicitud de datos, lo que permitiría mantener activas las facultades de supervisión del Estado.
De acuerdo con el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, la UIF puede acceder y analizar información bancaria del empresario hasta por una década, derivado de solicitudes realizadas desde 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas acciones están vinculadas con la aparición del magnate en los Pandora Papers, investigación global que expuso estructuras offshore y posibles esquemas de evasión fiscal.
El proyecto propone dejar sin efecto el amparo que previamente había favorecido al empresario, al considerar que la solicitud de información es un acto inicial que no implica sanción directa. En este sentido, la Corte sostiene que el acceso a datos financieros forma parte de las atribuciones legales para prevenir delitos como el lavado de dinero, por lo que no representa, por sí mismo, una vulneración a derechos.
En su defensa, Salinas Pliego promovió diversos recursos legales cuestionando la constitucionalidad de normas que permiten este tipo de investigaciones. A través de su equipo jurídico, insistió en que la revisión de su información financiera carece de fundamento; sin embargo, el proyecto judicial concluye que no hay un daño inmediato que justifique la protección constitucional solicitada, debilitando así su estrategia legal.
El caso también ha evidenciado una serie de maniobras jurídicas que han prolongado el proceso por casi tres años dentro de la Corte. Fuentes del máximo tribunal señalan que el empresario ha presentado distintos recursos para retrasar la resolución, en un contexto donde el Poder Judicial ya ha emitido fallos adversos contra Grupo Salinas por adeudos fiscales millonarios.
De aprobarse el proyecto el próximo 9 de abril, no solo se mantendrán vigentes las facultades de la UIF, sino que también se consolidará un precedente clave: los grandes empresarios no podrán frenar investigaciones financieras bajo el argumento de una afectación anticipada, reforzando el margen de acción del Estado frente a posibles irregularidades.
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