La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un posicionamiento contundente contra el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al que acusó de actuar con sesgos, contradicciones y sin apego a los procedimientos establecidos en la normativa internacional.
El organismo autónomo cuestionó que el comité haya solicitado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elevar la situación de México ante la Asamblea General, al considerar que dicha medida carece de sustento jurídico y omite agotar los mecanismos internos previstos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En su pronunciamiento, la CNDH reprochó que el CED diera mayor peso a información proporcionada por organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en lugar de considerar los avances institucionales y presupuestales implementados por el Estado mexicano en los últimos años.
Asimismo, sostuvo que el comité incurre en contradicciones al señalar que no existen pruebas de una política federal deliberada de desapariciones, pero al mismo tiempo sugiere la existencia de prácticas sistemáticas vinculadas a estructuras estatales u organizadas.
La CNDH también rechazó la propuesta del comité para establecer mecanismos de cooperación internacional, asistencia técnica y financiamiento, al considerar que se trata de “fórmulas fallidas” que en el pasado no contribuyeron a mejorar la situación de derechos humanos en el país.
El organismo argumentó que la problemática de desapariciones forzadas en México tiene raíces históricas, particularmente en periodos como la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990) y la estrategia de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). En contraste, afirmó que los casos recientes requieren fortalecer las capacidades institucionales y los procesos de búsqueda.
En ese sentido, destacó que desde 2023 ha advertido sobre el uso político de las cifras de personas desaparecidas y subrayó que durante la actual administración ha emitido 19 recomendaciones relacionadas con este delito, incluyendo expedientes que abarcan más de seis décadas.
El posicionamiento de la CNDH se suma a la postura del Gobierno federal, que previamente calificó el informe del CED como “tendencioso” y con deficiencias jurídicas. En contraste, organismos como Amnistía Internacional respaldaron la decisión del comité y urgieron a México a aceptar la cooperación internacional ante una crisis que, aseguran, afecta a más de 132 mil familias.
Finalmente, la comisión arremetió contra algunas organizaciones civiles, a las que acusó de politizar y lucrar con el tema, lo que profundiza la confrontación entre instituciones del Estado y colectivos de víctimas en torno a la atención del fenómeno de desapariciones en el país.
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