En lo que va de 2026, la organización civil “TAC, Una Protección al Entorno” ha documentado al menos seis casos mediáticos de maltrato y crueldad animal en Tehuacán, evidenciando una problemática creciente que ha puesto en riesgo la vida de mapaches, perros y burros. Los hechos han generado indignación social y señalamientos directos hacia las autoridades municipales, acusadas de no actuar ante las denuncias ciudadanas.
La agrupación animalista ha responsabilizado al gobierno municipal, encabezado por Alejandro Barroso Chávez, de incumplir la Ley de Bienestar Animal del Estado, además de incurrir en omisiones en la atención de reportes. Esta situación, advierten, ha derivado en un aumento de casos de violencia contra animales, en un contexto donde la protección institucional resulta insuficiente.
De acuerdo con la organización, el municipio atraviesa “una de las peores crisis por agresiones contra los seres sintientes”, derivada principalmente de la falta de personal capacitado y de protocolos de atención. La ausencia de especialistas y de acciones concretas ha dejado en estado de vulnerabilidad a animales domésticos y silvestres, principalmente perros y gatos que habitan en espacios urbanos.
Uno de los casos más mediáticos ocurrió a inicios de marzo en el fraccionamiento Tabachines, donde una mujer fue captada mientras acosaba e intentaba atropellar a un perro comunitario sin motivo alguno. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y se difundió en redes sociales, lo que derivó incluso en amenazas contra la organización por visibilizar el caso.
Ese mismo mes, vecinos de la colonia Antorchista denunciaron la muerte de un perro que se encontraba amarrado en una azotea y que falleció tras intentar liberarse. Los habitantes aseguraron haber reportado la situación al 911 sin recibir respuesta, lo que refuerza las acusaciones de omisión institucional ante casos urgentes de maltrato animal.
Otro hecho alarmante ocurrió en Santa María Coapan, donde un burro herido permaneció abandonado por al menos una semana sin recibir atención. A ello se suma la venta ilegal de mapaches en redes sociales, que constituye un delito federal, así como la destrucción de un refugio canino dentro del CBTis 229, por instrucción de los directivos, lo que provocó la desaparición de al menos cuatro perros.
Ante este panorama, la organización civil TAC ha reiterado su exigencia al gobierno municipal de reforzar acciones en favor de los animales, al advertir que muchos de los hechos quedan sin justicia porque no se hacen públicos. Por ello, insistieron en que la problemática es más amplia de lo que actualmente se documenta.
Ilustración: Iván Rojas
