En respuesta a las crecientes críticas de la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes el dictamen de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, negando categóricamente que la normativa implique mecanismos de espionaje o censura por parte del Estado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que “no hay censura, ni espionaje, ni nada que se le parezca” en la iniciativa actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, tras haber sido aprobada por el Senado el pasado 28 de junio. Según Sheinbaum, la polémica reforma retoma disposiciones que ya estaban vigentes desde 2014, cuando fueron aprobadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con apoyo de legisladores del PRI y PAN, los mismos partidos que hoy la rechazan.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se sumó a las aclaraciones oficiales y aseguró que la ley “ni espía ni censura”, y que los artículos más controvertidos, el 182 y el 183, mantienen el mismo contenido que la legislación aún vigente. Subrayó que el dictamen no otorga facultades al gobierno ni al regulador para acceder a información privada de los usuarios sin una orden judicial:
“Es falso que esta sea una ley de espionaje. Lo que dice el artículo 183 es exactamente lo mismo que en 2014: que los operadores deben colaborar con las autoridades, pero solo bajo mandato escrito y fundado por la autoridad competente. No hay acceso directo del gobierno a datos personales”.
Respecto a las acusaciones de censura, el funcionario señaló que el nuevo dictamen busca restituir los derechos de las audiencias, que fueron limitados por la ley de 2014. Explicó que las disposiciones en análisis no facultan al gobierno a intervenir en los contenidos, sino que establecen mecanismos para que los usuarios puedan presentar quejas ante los defensores de audiencias en caso de contenidos discriminatorios, no diversos o inapropiados. Manifestó Peña Merino:
“La queja se origina en las audiencias, no en el gobierno. Se busca que los contenidos respeten principios como la igualdad de género, la diversidad, y que se distinga claramente entre publicidad y contenido informativo”.
También se abordó la polémica en torno al sistema de identidad digital Llave Mx. Peña Merino sostuvo que no existe riesgo de suplantación de identidad, ya que el uso de esta herramienta siempre requiere validación adicional por parte de un servidor público.
Pese a las explicaciones, la oposición sigue mostrando desconfianza frente a los alcances de la reforma. Críticos advierten que la ambigüedad en algunos artículos podría abrir la puerta a prácticas de vigilancia digital bajo el argumento de colaboración con la justicia. No obstante, desde el Ejecutivo insisten en que cualquier intervención requerirá de orden judicial y estará sujeta al marco constitucional vigente.
El dictamen se encuentra ahora bajo análisis en la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate se intensifique en los próximos días.
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