El sistema energético de Líbano atraviesa una crisis profunda que, lejos de ser coyuntural, responde a fallas estructurales acumuladas durante años. Un informe del Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos advierte que el conflicto con Irán podría intensificar una situación ya crítica para la población.
El análisis señala que el país depende totalmente de las importaciones de combustibles fósiles, lo que lo hace altamente vulnerable a las fluctuaciones internacionales. Cualquier aumento en el precio del petróleo impacta directamente en la electricidad, el transporte y el costo de vida, en un contexto donde amplios sectores enfrentan precariedad económica.
De acuerdo con el estudio, el 72% del combustible importado se destina a la generación eléctrica, mientras que el resto se distribuye entre transporte, industria y calefacción. La crisis energética no nace del conflicto actual, pero sí se agrava con él, evidenciando la fragilidad del modelo energético nacional.
El sector eléctrico estatal es uno de los puntos más débiles. La Corporación de Electricidad del Líbano enfrenta déficits financieros y operativos persistentes, con una producción limitada que depende de centrales térmicas alimentadas por combustible importado. Esta dependencia refuerza la vulnerabilidad ante choques externos.
Tras el colapso económico de 2019, el suministro eléctrico oficial cayó a niveles mínimos. Aunque ha mostrado cierta recuperación, el servicio apenas alcanza entre 4 y 8 horas diarias, lo que refleja más limitaciones estructurales que una mejora real. En 2023, la empresa pública solo generó alrededor del 28% de la electricidad total del país.
En este contexto, los generadores privados se han consolidado como un actor central. Actualmente producen cerca del 51% de la electricidad, operando con diésel y trasladando los costos directamente a los usuarios. Lo que comenzó como una solución temporal se ha convertido en un sistema paralelo que profundiza desigualdades.
El informe advierte que el encarecimiento del petróleo, vinculado al conflicto regional, tendrá efectos inmediatos en la vida cotidiana. Las tarifas eléctricas podrían aumentar hasta un 140%, afectando tanto el suministro estatal como los servicios privados de generación.
Más allá de la electricidad, el impacto se extiende a toda la economía. El transporte depende casi totalmente de combustibles fósiles, por lo que el aumento de precios eleva costos logísticos, encarece bienes básicos y presiona a la industria, donde la energía representa entre el 15% y el 50% de los costos de producción.
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