El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó un proyecto que busca transformar el alcance de los amparos en materia de aborto, proponiendo que sus efectos no se limiten únicamente a quienes los promueven, sino que se extiendan a toda la sociedad cuando se trate de violaciones estructurales a los derechos humanos.
La iniciativa reconoce que la falta de servicios de interrupción legal del embarazo constituye una omisión del Estado, generando barreras institucionales que afectan de manera diferenciada a mujeres y personas con capacidad de gestar. Con ello, se plantea que el juicio de amparo pueda atender problemáticas colectivas derivadas de desigualdad estructural.
El debate se dará en el Pleno de la Corte este jueves, en el marco de la Contradicción de Criterios 125/2025 y el Amparo en Revisión 426/2025, ambos relacionados con disposiciones del Código Penal y la Constitución de Tamaulipas que sancionan el aborto, así como con la ausencia de servicios públicos para garantizar su acceso.
El proyecto no solo propone declarar la inconstitucionalidad de estas normas, sino también ordenar medidas concretas: garantizar la prestación del servicio, evitar persecución penal, capacitar al personal de salud e implementar campañas de difusión y sensibilización. De aprobarse, se sentaría un precedente que ampliaría el beneficio social de los amparos en casos de omisiones estructurales del Estado.
Aguilar Ortiz subrayó que, cuando se impugna mediante interés legítimo la omisión de las autoridades de salud, el amparo no debería restringirse a efectos individuales, pues la problemática responde a un contexto más amplio de desigualdad. Esta postura marcaría un cambio respecto al criterio vigente desde 2021.
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