Vinculan a proceso a cinco exagentes de seguridad por homicidio y tortura de cuatro indígenas purépechas en Michoacán

El caso Arantepacua se remonta a un operativo con 400 policías estatales que dejó cuatro purépechas muertos, incluidos un menor y un adulto mayor.

Un juez del Poder Judicial de Michoacán determinó vincular a proceso a cinco personas detenidas por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro habitantes de la comunidad purépecha de Arantepacua, ocurrida el 5 de abril de 2017. Además, siguen vigentes 16 órdenes de aprehensión, entre ellas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, quienes permanecen prófugos.

Durante la audiencia, que se extendió por más de un día, la defensa presentó datos de prueba tras solicitar la duplicidad del término constitucional. Posteriormente, se desarrolló el debate de vinculación a proceso, luego de que los imputados no rindieran declaración inicial.

El juez resolvió iniciar proceso penal contra los ex agentes Marco Antonio “N”, Azahel “N” y Bulmaro “N”, acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura y delitos contra la procuración de justicia. Asimismo, Jorge “N” y Carlos “N”, ex mandos de seguridad estatal, enfrentan cargos por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

A los cinco imputados se les impuso prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso judicial, además de fijarse un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos se remontan a un operativo policial desplegado en Arantepacua, donde participaron cerca de 400 elementos estatales. En ese contexto, cuatro personas murieron, incluyendo un adulto mayor y un menor de 16 años, y al menos 10 habitantes fueron agredidos; varios denunciaron actos de tortura y detenciones arbitrarias.

El operativo ocurrió tras la retención de vehículos por parte de estudiantes normalistas semanas antes, lo que derivó en una intervención estatal que escaló en violencia. El caso se ha mantenido como un referente de uso excesivo de la fuerza pública contra comunidades indígenas, en un contexto de exigencias de justicia que persisten casi una década después.

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Fotografía: Redes

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