La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) optó por el silencio en uno de los momentos más delicados para el partido. A tan solo media hora de iniciar una conferencia en la que fijaría postura sobre el caso Chihuahua, el equipo de comunicación anunció su cancelación sin ofrecer argumentos sólidos ni una nueva fecha concreta.
El evento sería encabezado por Jorge Romero Herrera, acompañado de figuras clave como Ricardo Anaya y la secretaria general Michel González. La expectativa era alta: el partido enfrentaba presión para responder a un escándalo que ya escaló al ámbito nacional.
El origen de la crisis se remonta al operativo realizado en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos mexicanos tras un accidente vehicular. Lo que inicialmente parecía un incidente trágico derivó en un cuestionamiento mayor: autoridades estatales admitieron haber permitido la operación de agentes extranjeros mediante un acuerdo directo con Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente al señalar que este tipo de convenios no pueden establecerse sin la intervención del gobierno federal, sugiriendo una posible violación constitucional. Desde el oficialismo, incluso se ha planteado la posibilidad de un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos por presuntos actos graves.
Lejos de contener el daño, la cancelación de la conferencia del PAN alimenta la percepción de desorden interno y falta de estrategia. La decisión no solo deja sin respuesta a la opinión pública, sino que también proyecta una imagen de evasión frente a un tema de soberanía nacional. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias centrales, el repliegue del PAN podría tener costos políticos significativos.
Más allá del incidente en sí, el caso pone sobre la mesa un debate profundo sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.
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