En 2011, cuando el internet comenzaba a transformar la conversación pública y plataformas como Facebook y Twitter se consolidaban como espacios de información abierta, un veterano de la KGB soltó una frase que hoy suena a epitafio de otra época: antes se mataba por información que ahora circula libremente. La sentencia no sólo retrata el tránsito tecnológico, sino la mutación del espionaje. Sin embargo, en países como México, donde la historia ha sido atravesada por intereses geopolíticos, la vieja escuela del espionaje —la de carne y hueso, la de infiltración y operación directa— nunca se fue.
Los recientes acontecimientos en Chihuahua, donde la gobernadora María Eugenia Campos Galván quedó expuesta —como pollo que Morena rostizará a su gusto— tras un accidente carretero que reveló la presencia de miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos contra el narcotráfico, no son una anomalía: son apenas la punta del iceberg. Más allá del costo político inmediato —que la oposición paga y el oficialismo capitaliza— lo verdaderamente relevante es que el episodio confirma algo que durante décadas se ha dicho en voz baja: la CIA no sólo observa a México, lo opera.
No se requiere un tratado de derecho constitucional para advertir la gravedad del hecho. La coordinación de autoridades locales con agentes extranjeros en tareas de seguridad nacional transgrede principios básicos del Estado mexicano. Pero reducir el debate a la responsabilidad penal de una gobernadora sería simplificar una historia mucho más profunda. La presencia de inteligencia estadounidense en México no empezó en Chihuahua ni terminará ahí.
Desde su creación en 1947, en el contexto de la Guerra Fría, la CIA convirtió a México en una pieza estratégica. La vecindad con Estados Unidos, los flujos migratorios, el comercio formal e informal, el contrabando, el narcotráfico y la ubicación geográfica hicieron del país un nodo natural para operaciones de inteligencia. Pero incluso antes de su formalización, agentes estadounidenses ya operaban en territorio nacional. La historia del espionaje en México corre paralela a su vida independiente.
Durante la Guerra Fría, México fue un laboratorio silencioso. Archivos desclasificados han documentado cómo figuras del poder político, como Luis Echeverría Álvarez, mantenían comunicación con agencias estadounidenses. Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 no sólo fueron observados por el Estado mexicano; también fueron monitoreados por Washington. En ese contexto, la inteligencia no distinguía entre seguridad nacional y control político.
Pero si hay capítulos que marcan la relación entre la CIA y México con tinta oscura, esos son los vinculados al narcotráfico y al periodismo. El caso de Enrique Camarena Salazar, secuestrado, torturado y asesinado en 1985, sigue siendo una herida abierta. Aunque oficialmente se atribuyó al crimen organizado, diversas investigaciones han sugerido que el caso estuvo rodeado de una compleja red de intereses donde la CIA no era ajena. La hipótesis de una tolerancia —o incluso complicidad— con redes del narcotráfico para financiar operaciones encubiertas en Centroamérica nunca ha sido completamente desmontada.
En paralelo, el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984 representa uno de los golpes más duros a la libertad de expresión en México. Buendía no sólo investigaba al poder político; seguía la pista de la CIA en territorio nacional. Había logrado identificar agentes, redes y vínculos con el narcotráfico y con la llamada contra nicaragüense. Su trabajo, meticuloso y valiente, evidenciaba lo que pocos se atrevían a decir: que México era un tablero donde se cruzaban intereses de inteligencia, crimen organizado y política exterior. Su asesinato no sólo silenció a un periodista, sino que envió un mensaje claro sobre los límites del conocimiento público.
Hoy, décadas después, el guion parece repetirse con nuevos actores y viejas prácticas. La captura de figuras del narcotráfico como Ismael El Mayo Zambada o el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes han sido posibles, en buena medida, gracias a la cooperación en inteligencia con agencias estadounidenses. Esa colaboración, aunque efectiva en términos operativos, abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la cooperación y dónde comienza la subordinación?
La realidad es que la presencia de la CIA en México no es episódica, es estructural. Se encuentra en estados fronterizos, en grandes ciudades, en circuitos financieros, medios de comunicación, secretarías de estado y empresas de alto perfil; así como, en redes políticas. No necesariamente como una conspiración omnipresente, sino como parte de una lógica de seguridad nacional estadounidense que no reconoce fronteras cuando se trata de sus intereses.
El problema de fondo no es que Estados Unidos haga inteligencia en México —eso lo hacen todas las potencias— sino que México carece de una capacidad equivalente. La asimetría es evidente. Mientras la CIA opera globalmente, México no cuenta con un servicio de inteligencia exterior que le permita equilibrar la balanza. La seguridad nacional mexicana sigue siendo, en gran medida, reactiva. Se limita a repetir una y otra vez el discurso nacionalista, a envolverse en la bandera nacional para rasgarse las vestiduras que de poco sirve para fines prácticos.
El episodio de Chihuahua, en ese sentido, es revelador. No sólo exhibe la fragilidad institucional de los gobiernos locales frente a actores internacionales, sino también la falta de una política integral de inteligencia del Estado mexicano. Claro que la gobernadora y su fiscal tendrán que pagar las consecuencias de sus actos y responder ante las acusaciones penales a las que se han hecho acreedores, pero la discusión no debería centrarse únicamente en la sanción de funcionarios, sino en la construcción de capacidades propias.
No se pierda de vista, que el escándalo en México detonó cuando The New York Times publicó un artículo en el cual se afirmó, que los dos de estadounidenses muertos en el accidente carretero en Chihuahua eran agentes de la CIA, días después Los Ángeles Times afirmó que no eran dos sino cuatro los agentes que habían participado en dicho operativo y que por lo menos, en lo que va de este año, se habían realizado tres acciones de este tipo. Lo que estamos viendo es también una pugna entre agencias estadounidenses.
Porque al final, la pregunta no es cuántos agentes de la CIA operan en México. La pregunta es cuánto sabe México de lo que ocurre más allá de sus fronteras. En un mundo donde la información sigue siendo poder —aunque ahora circule en redes sociales—, la soberanía no se defiende sólo con leyes, sino con inteligencia.
Y en ese terreno, México sigue jugando en desventaja.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
