En una nueva embestida de la derecha religiosa, el estado de Texas aprobó una ley que obliga a colgar los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas, una medida celebrada por sectores ultraconservadores y respaldada por el presidente Donald Trump.
A partir de septiembre de 2025, cada salón de clases en Texas deberá exhibir este texto bíblico en inglés y con un formato mínimo de 40 × 50 centímetros. La norma SB‑10 no solo busca imponer símbolos religiosos en escuelas públicas, sino que también autoriza sesiones de oración y lectura bíblica durante el horario escolar, con autorización de los padres.
El gobernador Greg Abbott justificó la medida como un regreso a las “raíces morales” del país, mientras que el vicegobernador Dan Patrick afirmó que se trata de “recuperar la brújula moral” de la educación pública. Pero para organizaciones civiles y familias de distintas religiones —incluyendo musulmanes, judíos, cristianos progresistas y agnósticos—, la ley viola la Primera Enmienda de la Constitución al favorecer una religión sobre otras.
Demandas federales ya se han interpuesto en Texas, Luisiana y Arkansas, estados que han seguido esta misma línea. Mientras tanto, otros como Dakota del Sur planean iniciativas similares. La ACLU y otras organizaciones han advertido sobre el intento de reemplazar la educación laica con adoctrinamiento religioso, señalando que esta agenda conservadora está siendo impulsada por Trump y su base evangélica.
El Quinto Circuito de Apelaciones ya falló en contra de una ley similar en Luisiana, lo que anticipa una posible batalla legal que podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
La cruzada conservadora avanza, y con ella, la pregunta de fondo: ¿se puede imponer fe desde el gobierno sin destruir la educación pública y el Estado laico?
