Un grupo de jubilados de Petróleos Mexicanos protestó afuera de la Torre Ejecutiva de Pemex, en la Ciudad de México, para exigir certeza jurídica sobre el cálculo y límite de sus pensiones. Los inconformes pidieron suspender la aplicación de la reforma constitucional que establece topes a las pensiones, hasta que sean emitidas las leyes secundarias que definan con claridad cómo deberá aplicarse la medida.
De acuerdo con Gerardo Miramontes, integrante de la Alianza Nacional de Jubilados, la reforma al artículo 127 constitucional contempla un plazo de tres meses para adecuar las leyes reglamentarias, por lo que consideró necesario esperar ese proceso antes de aplicar cambios que impacten directamente los ingresos de personas jubiladas. El representante señaló que, mientras no exista una regulación secundaria precisa, se mantiene un escenario de incertidumbre jurídica.
Los manifestantes también advirtieron que existe un vacío legal por la entrada en vigor de la Ley de la Empresa Pública del Estado, aprobada en 2025. Según los jubilados, Pemex y sus filiales cuentan con un régimen especial de remuneraciones, alineado con políticas de austeridad, pero aún sin reglas suficientemente claras para determinar cómo deben calcularse las pensiones bajo el nuevo marco constitucional.
Durante la movilización, que se extendió por más de tres horas sobre avenida Marina Nacional, los jubilados rechazaron que se incluyan como parte del salario base algunas prestaciones que, aseguran, no corresponden al sueldo ordinario, entre ellas apoyos relacionados con canasta básica, gas y gasolina. Su demanda central es que esos conceptos queden fuera del cálculo utilizado para fijar la pensión jubilatoria máxima.
Con pancartas en defensa de sus derechos laborales, los inconformes sostuvieron que sus pensiones son resultado de más de 30 años de servicio en Pemex. También denunciaron que una aplicación retroactiva o generalizada de la reforma podría afectar derechos adquiridos, especialmente en casos de jubilados que ya tienen compromisos financieros, créditos hipotecarios u obligaciones familiares basadas en sus ingresos actuales.
Miramontes explicó que el objetivo original de la reforma es evitar pensiones excesivas para exfuncionarios de confianza en empresas del Estado y banca de desarrollo. Sin embargo, los jubilados consideran que la medida se está aplicando sin distinguir perfiles, trayectorias laborales ni condiciones particulares, por lo que exigieron diálogo, reglas claras y garantías para que el ajuste no afecte de manera indiscriminada a quienes construyeron su pensión tras décadas de trabajo.
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