Comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero reportaron una nueva escalada de violencia armada, ataques con explosivos lanzados desde drones y desplazamiento forzado en localidades del municipio de Chilapa de Álvarez. De acuerdo con denuncias del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, los hechos comenzaron el 6 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuetán, donde habitantes atribuyeron las agresiones al grupo criminal conocido como Los Ardillos.
El CIPOG-EZ señaló que más de mil 300 personas habrían sido desplazadas durante los hechos recientes, principalmente familias indígenas que abandonaron sus hogares ante el riesgo de nuevos ataques. La organización afirmó que mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores buscaron refugio en comunidades cercanas e incluso en una iglesia, mientras continuaban las agresiones. También denunció quema de viviendas, destrucción de cosechas, robo de pertenencias y muerte de animales.
Este lunes, la organización comunitaria reportó nuevos ataques con drones en Alcozacán, donde permanecen familias desplazadas, además de la desaparición de cuatro de sus integrantes en la comunidad de Xicotlán. De manera paralela, autoridades localizaron cuatro cuerpos en la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de Papaxtla, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si corresponden a las personas reportadas como desaparecidas por el CIPOG-EZ.
El gobierno de Guerrero informó que desde el 7 de mayo se reforzó la presencia institucional en la zona, tras reportes de agresiones armadas recibidos a través del número de emergencias 911. El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, señaló que fueron desplegadas tres Bases de Operaciones Institucionales integradas por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, además de protocolos de atención para personas desplazadas.
Sin embargo, dirigentes comunitarios cuestionaron la cifra oficial de familias desplazadas y la suficiencia del despliegue de seguridad, al asegurar que la emergencia afecta a más personas de las reconocidas por el gobierno estatal. Jesús Plácido Galindo, integrante del CIPOG-EZ, afirmó que los pueblos de Xicotlán, Tula y Acahuetán quedaron bajo presión armada tras varios días de ataques, y pidió mayor protección para las comunidades nahuas de la región.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso ya fue revisado por las secretarías de Seguridad y Gobernación, encabezadas por Omar García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente. La mandataria señaló que se brindará protección a las familias desplazadas y apoyo para que puedan regresar a sus comunidades de origen. Mientras tanto, organizaciones comunitarias insisten en que la prioridad debe ser detener las agresiones, garantizar seguridad y atender a las víctimas.
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