El gobierno de Donald Trump inició un proceso legal contra la Diócesis Católica Romana de Las Cruces, en Nuevo México, con el objetivo de adquirir terrenos para la construcción de infraestructura vinculada al muro fronterizo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para obtener aproximadamente 5.6 hectáreas en el condado de Doña Ana. La medida coloca nuevamente la política migratoria de Trump en el centro del debate, ahora frente a reclamos por libertad religiosa y afectaciones a un sitio de peregrinación.
De acuerdo con la demanda federal, la administración estadounidense busca utilizar el terreno para instalar vallas, iluminación de seguridad y cámaras de vigilancia cerca de la base del Monte Cristo Rey. Para ello, el gobierno recurrió al poder de expropiación forzosa, figura que permite al Estado adquirir propiedades privadas bajo el argumento de utilidad pública. Las autoridades ofrecieron una compensación de 183 mil 71 dólares, aunque la disputa no se limita al valor económico del terreno.
El espacio forma parte de una zona de alto significado religioso para comunidades católicas de la región. En el lugar se encuentra una estatua de piedra caliza de Jesucristo de 8.8 metros de altura, considerada un punto emblemático de peregrinación. Según los abogados de la diócesis, decenas de miles de personas acuden cada año al santuario, por lo que la construcción de una barrera física podría alterar actividades religiosas, recorridos comunitarios y prácticas de fe arraigadas en la frontera.
El caso abre una nueva controversia sobre los alcances de la política fronteriza impulsada por Trump, que ha privilegiado la expansión de barreras físicas como símbolo central de su agenda migratoria. Aunque el gobierno sostiene que la infraestructura busca reforzar la seguridad, la demanda contra una diócesis evidencia los costos sociales y territoriales de esa estrategia. La disputa muestra cómo el muro fronterizo no sólo afecta dinámicas migratorias, sino también espacios comunitarios, religiosos y culturales.
La diócesis argumenta que la intervención del gobierno podría interferir con el ejercicio de la libertad religiosa, un derecho protegido en Estados Unidos y frecuentemente defendido por sectores conservadores. Esa dimensión vuelve políticamente sensible el caso, pues enfrenta al gobierno de Trump con una institución religiosa por una obra que ha sido presentada como prioridad de seguridad nacional. El litigio pone en tensión el discurso oficial sobre protección de libertades y la práctica de imponer infraestructura fronteriza sobre territorios de valor espiritual.
El proceso será revisado por un tribunal federal, que deberá analizar si la expropiación propuesta cumple con los requisitos legales y si afecta derechos religiosos de la comunidad vinculada al Monte Cristo Rey. Mientras tanto, el caso refuerza las críticas a una política migratoria que avanza mediante litigios, expropiaciones y vigilancia fronteriza. La administración Trump vuelve a enfrentar cuestionamientos por impulsar el muro incluso en zonas donde su construcción amenaza prácticas comunitarias y religiosas consolidadas.
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