La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó operativos de supervisión en los centros penitenciarios de Puebla y Tepexi de Rodríguez, como parte de las acciones para preservar el orden interno, reducir riesgos entre la población privada de la libertad y fortalecer las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario estatal.
De acuerdo con la dependencia, las revisiones se llevaron a cabo bajo los protocolos establecidos y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de detectar objetos prohibidos que pudieran comprometer la gobernabilidad de los penales o ser utilizados en situaciones de violencia, consumo de sustancias o comunicación irregular.
En el Centro Penitenciario de Puebla, el operativo contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Durante la inspección fueron asegurados 65 objetos punzocortantes, 19 recipientes presuntamente utilizados para el consumo de sustancias ilícitas, 15 teléfonos celulares, bocinas y agujas para tatuar, artículos cuya posesión está prohibida al interior del penal.
Mientras tanto, en el penal de Tepexi de Rodríguez, policías custodios realizaron una revisión en la que fueron localizados 22 objetos punzocortantes, tubos de acero y fragmentos de varilla, materiales que también representan un riesgo para la seguridad de las personas internas, custodios y personal administrativo.
Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para reforzar la vigilancia en los centros de reclusión y evitar que objetos no permitidos circulen dentro de los penales. La presencia de teléfonos celulares, objetos metálicos y herramientas improvisadas evidencia la necesidad de mantener revisiones constantes, especialmente en espacios donde la seguridad interna resulta clave para prevenir conflictos.
El Gobierno del Estado sostuvo que estos operativos buscan mantener la gobernabilidad penitenciaria, garantizar condiciones seguras y contribuir a los procesos de reinserción social, mediante acciones de supervisión que permitan reducir riesgos y fortalecer el control institucional dentro de los centros de reclusión.
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