La administración de Donald Trump instruyó a fiscales federales de Estados Unidos a utilizar leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, de acuerdo con información publicada por The New York Times. La medida representa una nueva etapa en la estrategia de seguridad impulsada por Washington contra los cárteles y podría incrementar la tensión diplomática entre ambos países.
Según el reporte, la directriz fue comunicada durante una reunión interna encabezada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto de Estados Unidos, quien habría planteado ampliar las acusaciones contra funcionarios señalados de colaborar con organizaciones criminales. La estrategia contempla no sólo cargos relacionados con narcotráfico, sino también acusaciones por presunto apoyo material a organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadounidense.
La medida se produce después de que Estados Unidos clasificara a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, decisión impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Bajo ese marco, las autoridades estadounidenses han endurecido su política de seguridad y ampliado las herramientas legales utilizadas en investigaciones relacionadas con tráfico de drogas y crimen organizado.
El reporte también surge en medio de investigaciones y acusaciones recientes contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluidos señalamientos difundidos por fiscales federales de Nueva York. En ese contexto, esta semana se conoció la detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y armas en territorio estadounidense.
Analistas consultados por el diario estadounidense consideran que la estrategia podría tener implicaciones más allá del ámbito judicial, incluyendo efectos en la relación bilateral y en futuras negociaciones económicas entre México, Estados Unidos y Canadá. También señalaron que las acusaciones contra actores políticos latinoamericanos suelen impactar la cooperación diplomática y de seguridad entre gobiernos.
En paralelo, autoridades estadounidenses han insistido en que la política busca frenar el tráfico de drogas hacia su territorio, mientras desde México se ha reiterado la necesidad de que cualquier acusación esté respaldada por pruebas y se respete la soberanía nacional. La discusión ocurre en un escenario marcado por cooperación bilateral en seguridad, pero también por diferencias sobre los alcances de las acciones estadounidenses en territorio mexicano.
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