El Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una posible acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, relacionada con el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, de acuerdo con reportes del Miami Herald y The Associated Press. La medida aún tendría que ser aprobada por un gran jurado y, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno estadounidense.
El caso se remonta a febrero de 1996, cuando aeronaves operadas por el grupo de exiliados cubanos fueron derribadas por fuerzas de la isla, en un episodio que dejó cuatro personas muertas y provocó una de las crisis diplomáticas más graves entre Washington y La Habana. En ese momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba.
De acuerdo con los reportes, la acusación podría anunciarse el próximo 20 de mayo en Miami, durante un acto en la Torre de la Libertad, en el marco del Día de la Independencia de Cuba. El evento incluiría un homenaje a las víctimas del incidente, aunque las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles públicos sobre el contenido de la posible imputación.
La posibilidad de presentar cargos ocurre en medio de un endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado la presión sobre la isla, incluida la restricción de envíos de combustible, medida que ha agravado el impacto económico y energético sobre la población cubana.
Trump evitó pronunciarse sobre los reportes al ser cuestionado durante su regreso de China, mientras que figuras políticas de Florida celebraron la posibilidad de avanzar contra el exmandatario cubano. La información también se conoce después de reportes sobre contactos recientes entre funcionarios estadounidenses y representantes cubanos, en un escenario de tensiones diplomáticas crecientes.
Una acusación formal contra Raúl Castro elevaría de manera significativa la confrontación entre ambos países, al tratarse de una figura central en la historia política reciente de Cuba. Aunque el caso se basa en un episodio ocurrido hace tres décadas, su reactivación judicial se da en un contexto donde Washington vuelve a utilizar herramientas legales y presión política como parte de su estrategia hacia gobiernos adversarios en América Latina.
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