A más de dos años de haber concluido su administración al frente del Ayuntamiento de Puebla, el exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez fue citado por la Contraloría Municipal para comparecer este viernes 16 de mayo de 2026 por una presunta falta administrativa relacionada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La investigación está vinculada con decisiones tomadas durante el periodo 2021-2024 y se centra específicamente en el procedimiento utilizado para un nombramiento dentro de la corporación policial.
De acuerdo con la información dada a conocer, la presunta irregularidad deriva del nombramiento del director de la Policía Preventiva, el cual no habría sido sometido a votación del entonces Cabildo, pese a que el perfil designado provenía de un cargo considerado de tercer nivel jerárquico. La observación realizada por la autoridad municipal se enfoca en el procedimiento administrativo empleado para concretar dicha designación y en el cumplimiento de los mecanismos internos establecidos por la normatividad del Ayuntamiento.
A través de redes sociales, Rivera Pérez informó que acudió a las oficinas de la Contraloría Municipal para atender el requerimiento emitido por la dependencia. En su posicionamiento, el exedil rechazó haber cometido alguna irregularidad y sostuvo que el señalamiento en su contra carece de sustento jurídico, además de considerar excesivo que el caso sea catalogado como una falta grave dentro de la administración pública municipal.
El exalcalde también intentó deslindarse de la acusación al asegurar que la ley no establece como obligación que el cuerpo edilicio avale dicho nombramiento, una práctica que, según afirmó, se ha realizado en administraciones anteriores sin que existieran observaciones similares. Bajo ese argumento, consideró “injustas” las críticas y cuestionamientos surgidos en torno a su actuación durante su paso por el gobierno municipal.
“Acudí a la Contraloría Municipal para atender un requerimiento en el que, de manera injusta, se me pretende señalar por una supuesta falta grave. Atenderé este señalamiento con responsabilidad y de frente. El que nada debe, nada teme”, expresó Rivera Pérez mediante un mensaje difundido en plataformas digitales tras acudir a la dependencia municipal.
Asimismo, el exalcalde pidió que este procedimiento no sea utilizado con fines políticos rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que este tipo de investigaciones no deben convertirse en mecanismos de presión contra actores o perfiles que busquen competir nuevamente por cargos de elección popular en el estado de Puebla.
Perfil polémico marcó la gestión en la Policía Preventiva
Aunque la Contraloría Municipal únicamente cuestiona el procedimiento mediante el cual se realizó el nombramiento, durante 2022 la Dirección de la Policía Preventiva estuvo encabezada por Alfredo Hernández de Jesús, un perfil que ya acumulaba diversos señalamientos públicos por presunto acoso sexual, abuso de autoridad y vínculos con actividades relacionadas con el huachicoleo.
Las acusaciones en contra del mando policial derivaron previamente en su separación del cargo durante la administración municipal encabezada por Claudia Rivera Vivanco entre 2018 y 2021. Sin embargo, posteriormente fue respaldado por Eduardo Rivera Pérez, quien decidió reincorporarlo a la estructura de seguridad pública municipal y defendió públicamente su trayectoria, pese a las críticas y controversias que rodeaban su historial dentro de la corporación.
La permanencia de Hernández de Jesús dentro de la Policía Preventiva generó cuestionamientos por parte de sectores políticos y ciudadanos, especialmente debido al contexto de inseguridad que enfrentaba la capital poblana en ese periodo y a las exigencias para fortalecer los mecanismos de control y confianza dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Esta controversia se suma a las acusaciones por un presunto hoyo financiero de 547 millones de pesos que el gobierno municipal panista encabezado por Eduardo Rivera Pérez y posteriormente por su sustituto, Adán Domínguez Sánchez, habría heredado a la actual administración municipal. Dichos señalamientos derivaron incluso en denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en medio de un clima de confrontación política entre distintos grupos y actores partidistas en Puebla.
Foto: Redes
