La audiencia para definir la sanción penal de Javier López Zavala por el delito de violencia familiar en agravio de Cecilia Monzón fue nuevamente diferida, luego de que ningún integrante de su equipo legal acudiera a la diligencia programada el día de ayer.
La sesión judicial, que tenía como propósito establecer los años de prisión correspondientes a este expediente, no pudo celebrarse debido a la ausencia de representantes de la defensa, situación que obligó al Tribunal de Enjuiciamiento a reprogramar el acto procesal para el próximo 22 de mayo a las 15:00 horas.
Al salir de la audiencia, Helena Monzón informó que el órgano judicial emitió apercibimientos para esclarecer qué ocurrió con las notificaciones y las razones por las que no comparecieron los abogados del excandidato priista al gobierno de Puebla.
La jurista española y hermana de Cecilia Monzón lamentó que este tipo de situaciones continúen provocando retrasos en procedimientos relacionados con violencia familiar y criticó que no existan sanciones inmediatas para litigantes que incumplen con audiencias previamente programadas.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Helena Monzón señaló que no hubo una explicación clara sobre la inasistencia del equipo jurídico del sentenciado.
Sentencia pendiente tras amparo
La audiencia suspendida representaba el paso final para individualizar la pena por violencia familiar, delito denunciado por Cecilia Monzón meses antes de su asesinato en mayo de 2022.
Este procedimiento había permanecido detenido debido a un amparo promovido por la defensa de López Zavala, recurso que retrasó por varios meses la emisión de la condena. Sin embargo, tras resolverse ese obstáculo legal, el proceso se retomó con la intención de definir una pena adicional a la sentencia ya impuesta por feminicidio.
El pasado 31 de diciembre de 2025, Javier López Zavala fue condenado a 60 años de prisión al ser encontrado culpable como autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, crimen perpetrado el 26 de mayo de 2022 sobre Camino Real a Cholula.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el exfuncionario habría ordenado el asesinato en medio de un conflicto legal derivado de la manutención del hijo que tuvo con la activista y abogada. La Fiscalía estatal sostiene que el plan criminal fue ejecutado con apoyo de su sobrino, Jair Mauricio Domínguez, quien presuntamente coordinó al sicario Silvestre Vargas Ramírez.
Ambos coacusados también recibieron condenas de 60 años de prisión por su participación en el homicidio.
La familia Monzón ha insistido en que el acceso pleno a la justicia implica no solo mantener firme la sentencia por feminicidio, sino también concluir el proceso por violencia familiar, cuya resolución sigue pendiente tras el nuevo aplazamiento judicial.
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