Integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral decidieron suspender temporalmente la solicitud que preparaban para exigir la destitución de la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, luego de que la dependencia aceptara instalar una mesa de diálogo para atender diversos casos denunciados por presuntas irregularidades. La agrupación señaló que dará un voto de confianza a la fiscal estatal mientras avanzan las reuniones y revisiones de expedientes.
El líder del colectivo, Marco Antonio Mazatle, explicó que originalmente buscaban iniciar un proceso ciudadano de evaluación sobre el desempeño de la fiscal, con el objetivo de impulsar formalmente una petición de destitución. Sin embargo, la apertura al diálogo por parte de la Fiscalía modificó temporalmente la postura de los activistas, quienes ahora esperan resultados concretos antes de definir nuevas acciones.
El Observatorio Ciudadano Laboral ha señalado públicamente diversos casos que considera ejemplos de presuntas detenciones irregulares y actuaciones injustas por parte de la Fiscalía poblana. Uno de los expedientes más mencionados es el de Marcelo Bonilla, un adulto mayor encarcelado por una denuncia relacionada con despojo de tierras, pese a que, según los activistas, existirían elementos que demostrarían su inocencia.
Marco Antonio Mazatle adelantó que durante la reunión programada con la fiscal estatal el próximo 21 de mayo entregarán documentación y expedientes relacionados con otros casos similares. La agrupación busca que las autoridades ministeriales revisen las actuaciones realizadas y analicen posibles inconsistencias en procesos judiciales y detenciones denunciadas por ciudadanos.
Aunque el colectivo decidió poner en pausa la solicitud de destitución, sus integrantes advirtieron que mantendrán vigilancia sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado. El voto de confianza otorgado a Idamis Pastor dependerá de los resultados que surjan de las mesas de trabajo y de la atención que reciban las denuncias presentadas por las organizaciones civiles.
La situación refleja la presión social que enfrenta actualmente la Fiscalía poblana en torno a casos judiciales señalados por presuntas irregularidades. Organizaciones ciudadanas han insistido en la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia, revisión de procesos y atención a víctimas para garantizar mayor confianza en las instituciones de procuración de justicia en Puebla.
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