El Gobierno de Estados Unidos pidió a sus aliados internacionales cerrar filas contra redes financieras vinculadas a Irán y al Cártel de Sinaloa, en un nuevo llamado que coloca bajo la misma agenda de seguridad a actores geopolíticos, grupos armados y organizaciones criminales. La petición fue realizada por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, durante una conferencia internacional sobre financiamiento al terrorismo celebrada en París.
Ante representantes de distintos países, Bessent planteó que los socios europeos de Washington deben intensificar la identificación de financiadores, empresas fachada, sucursales bancarias y estructuras que, de acuerdo con Estados Unidos, sostienen actividades consideradas terroristas. El funcionario centró buena parte de su intervención en Irán, pero también incluyó al Cártel de Sinaloa dentro de las amenazas que, según su gobierno, requieren una respuesta global más dura.
El discurso estadounidense volvió a apoyarse en una estrategia conocida: presionar a sus aliados para ampliar sanciones económicas y medidas financieras bajo el argumento de combatir amenazas transnacionales. Bessent defendió que estas acciones deben ser firmes, dirigidas y con tiempos definidos, aunque también reconoció que las sanciones prolongadas pueden generar efectos no previstos.
En ese contexto, el secretario del Tesoro sostuvo que Washington no debe actuar solo frente a redes vinculadas a Irán, Hezbolá, carteles de la droga y otros actores señalados por su gobierno. Su llamado revela el interés de Estados Unidos por internacionalizar su agenda de seguridad, incluso cuando muchas de estas problemáticas tienen raíces compartidas, como el consumo de drogas, el tráfico de armas y los circuitos financieros que operan a ambos lados de las fronteras.
Bessent también mencionó casos como Siria y Venezuela para defender la política de sanciones de su país, al señalar que Washington busca utilizar esas herramientas para modificar conductas de gobiernos o redes consideradas hostiles. Sin embargo, esta postura mantiene abierto el debate sobre el uso de sanciones como instrumento de presión política, especialmente cuando sus impactos pueden alcanzar a poblaciones civiles y economías ya deterioradas.
La posición estadounidense ocurre en medio de una mayor presión contra organizaciones criminales mexicanas, particularmente por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Aunque Washington insiste en exigir cooperación internacional, su estrategia vuelve a centrar la respuesta en castigos financieros y alianzas externas, sin asumir plenamente la responsabilidad interna de su mercado de consumo, el flujo de armas y la demanda que alimenta estas redes.
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