La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal fueron inhabilitados y sancionados económicamente por el desvío de más de 65 millones de dólares. El caso está relacionado con recursos destinados a cubrir obligaciones de un contrato firmado en 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, dedicada a servicios especializados en seguridad e inteligencia.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Frida M., exsecretaria general de la Policía Federal, fue inhabilitada por 20 años para ocupar cargos públicos y deberá cubrir una indemnización económica. En tanto, Damián C., extitular de la División de Inteligencia, recibió una sanción de 15 años de inhabilitación, además de una multa derivada del daño causado al erario.
La dependencia explicó que las investigaciones de la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron acreditar faltas administrativas graves vinculadas con el manejo irregular de recursos públicos. Las anomalías habrían ocurrido dentro de la antigua corporación federal, en torno a un contrato suscrito en diciembre de 2015 para la prestación de servicios con la firma extranjera.
Además de las sanciones administrativas, los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, instancia que mantiene abiertas investigaciones penales relacionadas con el presunto desvío de recursos. Hasta el momento, no se ha informado si existen nuevas imputaciones u órdenes de aprehensión derivadas del expediente, por lo que el caso aún podría escalar en el ámbito judicial.
El procedimiento se da en un contexto de revisión de contratos y operaciones realizadas durante los últimos años de funcionamiento de la Policía Federal, corporación desaparecida en 2019 tras la creación de la Guardia Nacional. Las áreas de inteligencia, tecnología y seguridad han sido señaladas como espacios especialmente sensibles por los altos montos involucrados y la complejidad de sus mecanismos de contratación.
La Secretaría Anticorrupción sostuvo que las sanciones buscan fortalecer una política de cero impunidad frente a actos de corrupción cometidos desde el servicio público. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de recursos dentro de antiguas estructuras federales de seguridad, mientras las investigaciones penales determinarán si existen responsabilidades adicionales.
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