El excontralmirante mexicano Fernando Farías Laguna solicitó formalmente asilo político ante autoridades de Argentina con el objetivo de impedir su extradición a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.
De acuerdo con información difundida por fuentes cercanas a su defensa, el exmando naval presentó la petición ante la Comisión Nacional para los Refugiados del país sudamericano, argumentando razones humanitarias para permanecer en territorio argentino mientras se resuelve su situación jurídica.
Farías Laguna es señalado como uno de los presuntos operadores de una red dedicada al ingreso ilegal de millones de litros de diésel procedente de Estados Unidos hacia México, esquema que habría funcionado mediante documentación alterada para ocultar el verdadero contenido de los cargamentos.
El excontralmirante fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina luego de que autoridades migratorias detectaran que ingresó al país con un pasaporte guatemalteco presuntamente falso. No obstante, semanas después, la justicia argentina descartó devolverlo de manera inmediata a México a través de un proceso de deportación o expulsión.
Actualmente, corre el plazo de 60 días establecido para que la Fiscalía General de la República (FGR) formalice el proceso de extradición. Este sábado se cumplen ya 30 días desde el inicio de ese periodo, por lo que el gobierno mexicano aún dispone de tiempo para presentar la documentación correspondiente.
Fuentes ligadas al caso también rechazaron versiones sobre un supuesto interés del gobierno de Estados Unidos para reclamar al exmilitar y procesarlo judicialmente en ese país, al asegurar que no existe una solicitud formal en ese sentido.
Las investigaciones indican que Fernando Farías habría abandonado México entre marzo y abril, poco después de emitirse órdenes de captura en su contra y contra su hermano, el vicealmirante Roberto Farías, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, acusado de participar en la misma estructura criminal.
El expediente judicial está relacionado con el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque que trasladaba aproximadamente 10 millones de litros de combustible desde Estados Unidos con documentación aduanera en la que el producto era declarado como aditivos.
Según las indagatorias, el cargamento fue descargado en el puerto de Tampico mediante un esquema presuntamente protegido por funcionarios aduanales y mandos de la Secretaría de Marina.
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